Vereda la Esperanza
Caso que examinará los beneficios jurídicos y los procesos de esclarecimiento de la verdad enmarcados por la Ley Justicia y Paz
Colombia

Entre el 21 junio y el 27 diciembre de 1996, las Autodefensas del Magdalena Medio (AMM) lideradas por Ramón María Isaza Arango y apoyadas por el ejército colombiano, asolaron la comunidad Vereda la Esperanza, municipio agricultor del Carmen de Viboral situada entre las montañas que rodean la autopista Medellín-Bogotá en el departamento de Antioquia.

Las actuaciones por parte de las Autodefensas provocaron la desaparición forzada de 12 campesinos –entre ellos tres menores de edad y una mujer—, y la ejecución extrajudicial de uno por sus supuestas vinculaciones a la guerrilla Ejército Popular de Liberación.  La mayoría de las víctimas eran familiares entre sí al igual que con otros integrantes de la Vereda.

A pesar de múltiples denuncias, incluidas las que provocaron la muerte del personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, la obtención por justicia, verdad y reparación no avanzó en el fuero interno. Por ello,  el 1 de julio de 1999,  la Corporación Jurídica Libertad presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CEJIL se sumó al caso en el 2010  y, el 13 de diciembre de 2014, la CIDH lo sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El caso de Vereda ocurre en el contexto del conflicto armado de Colombia y ejemplifica como los grupos paramilitares ejercieron una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos, en participación y tolerancia de las fuerzas militares colombianas. En particular, la tragedia de la Vereda se desarrolló con el conocimiento y la colaboración de miembros de la “Fuerza Tarea Águila”, pelotón del Ejército colombiano, quienes habían militarizado la zona para suprimir las actividades de grupos guerrilleros, para ello se habían asentado en una base militar conocida como La Piñuela, situada a escasos kilómetros de la vereda.

Asimismo, el caso de la Vereda contribuirá a la examinación, ante un tribunal internacional, de los beneficios jurídicos y los procesos de esclarecimiento de la verdad enmarcados por la Ley Justicia y Paz.

Desde su adopción,  la Ley 975 de 2005 –o Ley de Justicia y Paz, como también es conocida—,  permite una pena alternativa para quienes acuden al proceso y contribuyen a esclarecer los hechos. Esta pena consiste en entre 5 a 8 años de privación de libertad, incluso para las violaciones graves de derechos humanos si se confiesa la verdad plena y completa.

En cuanto al jefe paramilitar Isaza Arango, un juez especializado de Medellín ordenó su libertad en febrero del 2016 al considerar que ya cumplió la pena alternativa de ocho años de prisión establecida en la ley de Justicia y Paz. 

Veinte años después de los hechos, se desconoce el paradero definitivo de las víctimas de desaparición forzada y tampoco se ha avanzado en la investigación de la ejecución extrajudicial que tuvo lugar bajo el mismo contexto de violencia, aunado a la circunstancia de que no se avanza en el esclarecimiento de la actuación conjunta de la FFPP en los hechos. . Esta falta de justicia, aunada a la ruptura de vínculos familiares y comunales, y una sensación de miedo creó un daño irreparable que generó un universo de 129 víctimas. No obstante, los familiares persisten en su búsqueda por sus seres queridos y en su llamado a #QueNoMueralaEsperanza.

CEJIL y la Corporación, en conjunto con las víctimas, presentaron una audiencia pública ante la Corte IDH, el 21 y 22 de junio de 2016. La audiencia coincidió con el mismo día en que hace 20 años inició a la acción criminal.  Se aspira que cuando la Corte IDH emita su sentencia, haya esperanza para la Vereda