Venezuela y los derechos humanos: la deuda que aumenta
30.Mayo.2017

Las imágenes de las protestas en Venezuela muestran la preocupación de amplios sectores de la sociedad con las medidas económicas y políticas adoptadas por el Gobierno, así como con los altos índices de violencia. Desafortunadamente, la respuesta del Poder Ejecutivo en estas últimas semanas ha sido la de incrementar la violencia, intentar aislarse del resto de la región y erosionar aún más la institucionalidad democrática.

La prensa ha dado cuenta de las numerosas personas muertas en las protestas, entre ellas adolescentes, y de altos niveles de represión. El anuncio de Venezuela de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suma al intento frustrado para que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, la decisión controvertida de  convocar una Asamblea Constituyente para reescribir la constitución de 1999, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles detenidos en las protestas.

Ahora bien, la presencia de Venezuela en espacios regionales e internacionales contribuye a  la búsqueda de acuerdos que permitan encontrar soluciones a los problemas del país. Por ejemplo, uno de estos intentos incluye la reunión de cancilleres que se realizará en la sede de la OEA el 31 de mayo.

A su vez, la pertenencia a la OEA garantiza la actuación de una serie de mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. Entre otros, alberga al Sistema Interamericano de Derechos Humanos —integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)—, a la Comisión Interamericana de Mujeres, la Relatoría de Libertad de Expresión, etc.  

Ya en septiembre del 2013, entró en vigor la denuncia que Venezuela hizo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que la Corte IDH no puede conocer de violaciones por hechos ocurridos en el país tras esa fecha. Sin embargo, los ciudadanos cuentan todavía con el recurso a la CIDH, un cuerpo especial de expertos y expertas cuya principal función es velar por el respeto, protección y promoción de los derechos humanos en el continente. La mera pertenencia del Estado a la OEA da facultades a la CIDH para ejercer su competencia de  protección y marcar los déficits democráticos en los países miembros de la organización internacional. 

De hecho, para muchos venezolanos y venezolanas, la CIDH constituye el último espacio regional en el que reclamar frente al incumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos fundamentales. La CIDH cuenta con numerosos expedientes de aquéllos que han acudido al ámbito internacional en búsqueda de justicia. Una de estas personas, Jean Carlos Guerrero,  cuyo hermano fue ejecutado extrajudicialmente  por integrantes de un grupo parapolicial del Estado Falcón Durante una audiencia pública ante la CIDH, el Sr. Guerrero sostuvo que era la primera vez que una entidad imparcial había escuchado su reclamo luego de más de 13 años buscando justicia. En las últimas décadas, la CIDH ha documentado patrones de ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, tortura, violaciones a la libertad de expresión, asociación y de protesta, vulneraciones al acceso a la justicia y ha criticado la utilización de la jurisdicción militar, entre otras violaciones de derechos humanos en el país.

Una vez iniciado el proceso de desvinculación del Estado con la OEA, el camino a recorrer es incierto porque ésta es la primera vez que la organización se enfrenta a un retiro en su membresía. Por lo pronto, Venezuela seguirá siendo parte de la OEA por un plazo de dos años, a contar desde la notificación de la denuncia del tratado, y sólo podrá desligarse completamente si cumple con las obligaciones que emanan de la Carta de la organización.

Por ello, la decisión del Estado de retirarse de la OEA es altamente preocupante, precisamente porque implica la pérdida de estas oportunidades. La escisión de Venezuela de la comunidad de los Estados americanos cerrará un espacio vital de diálogo frente a la profunda crisis que atraviesa el país y servirá para que aumente la deuda pendiente  con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que quedarán desprovistas no sólo del amparo de las instituciones nacionales, sino también de aquellas del Sistema Interamericano de Protección.