Sociedad civil de las Américas reitera condición precaria de personas venezolanas en situación de movilidad humana
2.6 millones de personas venezolanas han emigrado de Venezuela en los últimos dos años.
Publicación: 05.Octubre.2018

Boulder, Colorado 4 de octubre, 2018.-  Organizaciones miembro del Grupo de Trabajo sobre  Movilidad Humana Venezolana alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la continua situación de vulnerabilidad y riesgo enfrentada por las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, con énfasis en grupos con afectaciones particulares.

“Entre las principales carencias hemos identificado la falta de documentos de identidad que impiden acceso a derechos, mujeres en gestación con altos niveles de desnutrición, un creciente número de niñez no acompañada, alta vulnerabilidad a ser víctimas de trata de personas, xenofobia, violaciones al derecho a la vida, riesgos de apatridia, entre otros. De igual forma hemos hecho énfasis en los grupos poblacionales de migrantes y refugiados en quienes convergen múltiples factores de discriminación, como género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros, que de forma interseccional aumentan los niveles de vulnerabilidad y afectan el goce y ejercicio de los derechos humanos de estos sectores de la  población migrante y refugiada”, señaló Eduardo Trujillo, Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según el último reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, Septiembre 2018), 2.6 millones de personas venezolanas han emigrado de Venezuela en los últimos dos años. Para este mes de octubre de 2018, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 346,584 personas venezolanas habían solicitado asilo, y 845,021 buscaron formas alternativas para su estadía a lo largo del continente americano y España. Tan solo en lo que va de 2018, el número de solicitudes de asilo ha alcanzado las 186,827, en comparación con las 113,438 del año anterior.

Si bien las altas cifras reflejan la crisis política y económica del país, no rinden cuenta de las situaciones de precariedad enfrentadas por muchas de estas personas al intentar salir de Venezuela. En particular, durante la audiencia, se señaló que las personas migrantes y refugiadas, son especialmente vulnerables a delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual y laboral. Esta vulnerabilidad se potencializa cuando las personas migrantes y refugiadas son mujeres, niñas o niños, poblaciones indígenas o LGBTI+.

“La emergencia humanitaria y la falta de acceso a documentos de identidad por parte de muchas personas les ha obligado a que en muchos casos ciudadanos venezolanos migren de manera forzada al igual que indocumentada, en virtud de las condiciones estructurales del país que han dado pie a la citada emergencia humanitaria. Esto puede generar que se opten por vías y rutas clandestinas lo que aumenta su vulnerabilidad a ser víctima de este tipo de crímenes”, señaló Ana María Vidal, Secretaría Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos del Perú. “Hemos solicitado a la Comisión que exija a los Estados medidas de protección permanentes y articuladas de manera regional, así como protocolos de actuación para personas en especial situación de vulnerabilidad. Las medidas temporales adoptadas hasta el momento sólo acrecientan la inseguridad jurídica y dificultan el acceso a derechos y la integración de esta población”.

Ante esta situación, se señaló que más de 50 organizaciones de sociedad civil de toda la región se habían reunido los pasados 18 y 19 de septiembre en Washington, D.C. a afirmar la necesidad de ofrecer protección nacional e internacional a las personas que se ven obligadas a salir de Venezuela debido a la crisis económica, social y política que sufre el país a través de una declaración conjunta.

“El Grupo de Trabajo estará presentando su Plan de Acción a los Estados de la región en las próximas semanas”, indicó Francisco Quintana, Coordinador del Grupo y Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Esperamos que este documento sirva como una hoja de ruta para establecer acciones claras y concretas, con lineamientos sobre los más altos estándares de protección en materia de derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, al igual que derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

En el cierre de la audiencia, se solicitó la elaboración de un informe especial en donde se realizará una evaluación si los Estados de las Américas han seguido las recomendaciones emitidas en la Resolución 02/18 de la CIDH sobre la “Migración Forzada de Personas Venezolanas” y la declaración conjunta de la CIDH y distintas agencias de las Naciones Unidas, emitido el pasado 5 de septiembre. Asimismo, se les exigió a los Comisionados y las Comisionadas que convoquen mesas de trabajo de seguimiento para evaluar los temas de migración, refugio y asilo, al igual que adelantar casos paradigmáticos y otorgando medidas cautelares que atiendan esta situación.