Rosario-Naranjo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares y ordenó al Gobierno guatemalteco tomar las decisiones necesarias para proteger el centro arqueológico.
Publicación: 28.Mayo.2018
FUENTE: COPREDEH

El terreno en la ciudad de Guatemala que posee el sitio arqueológico Tulam Tzu, también conocido como El Rosario-Naranjo, fue vendido a una compañía de bienes raíces que planeaba construir un complejo de condominios de 250 viviendas.

Debido a la petición de CEJIL y el Centro para la Defensa Legal de los Derechos Indígenas, en  el2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares y ordenó al gobierno tomar las decisiones necesarias para proteger el centro arqueológico. A pesar de las medidas de precaución, una gran parte del sitio fue destruida.

Tulam Tzu, declarado sitio nacional de Patrimonio Cultural en 1970, tenía seis montículos que se consideraban sagrados para la comunidad maya, donde sus sacerdotes realizaban ceremonias religiosas. El sitio aún contenía piezas de cerámica y piedras sagradas que no habían sido recuperadas ni estudiadas.

En el 2005, el liderazgo del Patrimonio Cultural aprobó la solicitud de una empresa para construir en lugares adyacentes a tres de los montículos. Los sacerdotes mayas que normalmente llegaban para orar en ese sitio no podían seguir haciéndolo debido al trabajo que se estaba haciendo. Para los indígenas, lo que sucedió en Tulam Tzu es una profanación y destrucción de un espacio sagrado.

El Gobierno guatemalteco no intervino para evitar la destrucción del centro ceremonial. Según el diario guatemalteco La Prensa Libre, el Ministerio de Cultura explicó a las organizaciones indígenas que las leyes no permiten que el Gobierno expropie la tierra, sino que solo se coordina con los propietarios para proteger y rescatar las propiedades culturales.

Los indígenas acudieron a los tribunales locales y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quienes declararon que la construcción en El Rosario-Naranjo impidió la práctica de las celebraciones religiosas y sociales mayas, en violación de la Constitución guatemalteca, y ordenó la suspensión de las obras de construcción. Sin embargo, la compañía alegó que no había sido notificada oficialmente y continuó con la construcción.