La Rochela
Violaciones de derechos humanos de militares juzgadas por el fuero penal ordinario
Colombia

En enero de 1989 un grupo paramilitar secuestró de la comunidad de La Rochela -localizada en el municipio de Simacota, Santander-, a una comisión de 16 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en múltiples homicidios y desapariciones cometidas en la zona del Magdalena Medio, inluyendo la desaparición de 19 comerciantes que transitaba por la región. Los paramilitares dispararon al grupo, asesinaron a 13 personas e hirieron a otras tres. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.

CEJIL y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representaron más tarde a las víctimas y a sus familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En mayo de 2007 la Corte IDH emitió la sentencia del caso, la que consideró a Colombia responsable por la violación de los derechos de las 15 víctimas y sus familiares. También ordenó al Estado colombiano investigar en forma diligente la masacre, incluyendo la posibilidad de que altos funcionarios estatales conocieran o deberían haber conocido el accionar de los paramilitares.

La Masacre de La Rochela fue uno de los hechos más trágicos ocurridos contra funcionarios judiciales en Colombia pero no constituyó un caso aislado. Más bien, la masacre de la Rochela representa un ejemplo de una violación sistemática y recurrente en Colombia en donde los operadores judiciales trabajaban bajo un contexto que buscaba mantener casos de violaciones de derechos humanos en la impunidad. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha registrado 22 ataques contra juzgados o fiscalías y ha registrado y documentado 1.487 hechos de violencia contra funcionarios judiciales, comprendidos entre enero de 1979 y diciembre de 2009. Dicho informe describe la muerte de los funcionarios judiciales en la Rochela como una “masacre del Estado contra el Estado”: Si bien el caso reveló como los grupos de autodefensa implicados pactaron apoyo con los cabecillas de los carteles del narcotráfico de la zona, con el tiempo se entendió que el modelo paramilitar del Magdalena Medio era una alianza más compleja que incluía miembros de organismos de seguridad del Estado activos en la región.  En ese sentido, La Rochela abrio de forma dolorosa heridas interna del Estado que se habían abierto durante la re-toma del Palacio de Justicia y además sirvió como advertencia del patrón de alianzas criminales que se regarían por todo el país durante la época.

Impacto del caso:

  • La Justicia Penal Militar dispuso que las graves violaciones cometidas por los militares envueltos en el caso no constituían un acto de servicio debiendo ser juzgados, en consecuencia, según el fuero penal ordinario.
  • La sentencia de la Corte puso en evidencia el peligro enfrentado por los operadores de justicia en Colombia que procedía del mismo Estado por su trabajo en investigaciones, ya sea de manera directa o a través de grupos paramilitares.
  • El caso es un ejemplo extremo de violaciones cometidas para impedir el accionar de la justicia y procurar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la violencia en Colombia.
  • Gracias a la sentencia del caso, se realizó una capacitación en derechos humanos dentro de las fuerzas armadas colombianas.