Riesgo de extinción de pueblos indígenas de Colombia queda evidenciado ante la CIDH
Organizaciones de sociedad civil denunciaron hoy las graves violaciones de derechos humanos enfrentadas por diversos pueblos indígenas de Colombia - ocurridas en el marco del conflicto armado interno-, que han puesto a un 65% de esta población en riesgo de extinción.
Publicación: 11.Mayo.2018

Santo Domingo, 10 de mayo, 2018.- Organizaciones de sociedad civil denunciaron hoy las graves violaciones de derechos humanos enfrentadas por diversos pueblos indígenas de Colombia  - ocurridas en el marco del conflicto armado interno-, que han puesto a un 65% de esta población en riesgo de extinción.

“Pensábamos que después de las firmas de paz entre el gobierno nacional de Colombia y las FARC llegaba la tranquilidad y la armonía a nuestro territorio ancestral. Al contrario, se incrementó más la violencia a lo largo y a lo ancho del Chocó”, señaló Luis Ángel Jindrama Mayoma, miembro del pueblo indígena Embera y coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.

Los peticionarios indicaron que las disputas entre los distintos grupos armados y las injerencias de empresas extractivas y petroleras han provocado confinamientos de múltiples comunidades, entre ellas los Pueblos Embera y Wunaan. Por otro lado, han ocurrido vulneraciones a el derecho a la consulta previa, libre e informada

Se calcula que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de acuerdo a cifras identificadas por distintas organizaciones y entidades que trabajan con estos grupos. Un 16% de las personas indígenas del país se vieron afectadas por el conflicto armado interno. Según la Corte Constitucional Colombiana, 36 pueblos se encuentran en riesgo de extinción por actos derivados el conflicto armado interno, entre ellos el desplazamiento forzado y la imposición de megaproyectos. Por otra parte, al nivel nacional, los Pueblos y Organizaciones Indígenas han determinado que otros 31 pueblos afrontan un proceso de inminente exterminio por su fragilidad demográfica, entre otras causas. El total de estas cifras dan cuenta de un total de 67 Pueblos Indígenas en riesgo de desaparición.

El Estado colombiano ha dictado sentencias como el  Auto 004 de la Corte Constitucional y promulgado leyes como el Decreto Ley 4633 de 2011 para proveer medidas  integrales de reparación y de resistitución de derechos territoriales para las victimas de los pueblos indigenas, las violaciones de víctimas persisten debido a la falta de inversión estatal y voluntad política para la implementación de medidas eficaces, sistemáticas y duraderas.    

“Desde el 2009, la Corte Constitucional declaró en riesgo de exterminio físico y cultural a 36 pueblos, de los cuales el Pueblo Siona se encuentra ahí. Hemos realizado comunicados e informes de riesgo, pero no ha habido acciones concretas o idóneas a lo que hemos hecho”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, autoridad de los Siona de Buenavista, “Estamos confinados por las minas, no podemos hacer prácticas de nuestras costumbres y han reclutado a los niños de nuestras escuelas. Sumado a esto están las incursiones de la petrolera Amerisur. Nosotros como líderes estamos viviendo una situación dura y estamos un corriendo un serio riesgo al denunciar lo que ocurre dentro de Colombia".    

Ante la situación actual, los grupos peticionarios solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una visita in loco a Colombia para observar la situación de derechos humanos de Pueblos Indígenas y facilitar un diálogo con autoridades gubernamentales a efectos de acordar una solución duradera y eficiente sobre las violaciones que hasta la fecha han sido documentadas.         

“A pesar de los Acuerdos de Paz, el día de hoy, Colombia y de forma particular los Pueblos indígenas viven una crisis humanitaria que apenas comienza y afecta de manera especial la integridad física y cultural de los pueblos aquí presentes y en los que quedan en Colombia. Este nuevo escenario requiere una intervención inmediata, integral y concertada por parte del Estado que hasta la fecha no se ha dado”, dijo Lina Maria Espinosa, de Amazon Frontlines.