Recordar para persistir
13.Julio.2017

El dolor de los familiares de las desaparecidas y los desaparecidos se suma al sufrimiento por la ausencia de sus seres queridos, al infierno cambiante y permanente de no saber su destino último. En ese limbo del desconocimiento, cada historia trágica puede ser la del desaparecido que muere una y otra vez en cada rumor y en cada hipótesis, con otro final trágico.

Ésta ha sido parte de la experiencia que he tenido en el acompañamiento de numerosas madres, padres, hermanas e hijos dentro y fuera del Perú, en el caso de los familiares de La Cantuta, de Ernesto Castillo Páez y muchos otros.

Y a estos fenómenos ha respondido el derecho internacional de los derechos humanos garantizando los derechos a la verdad y la justicia como medidas para mitigar el dolor inmenso de los sobrevivientes y restaurar la confianza en el pacto social. 

En el caso peruano, las dos últimas décadas estuvieron marcadas por una serie de respuestas nacionales -tanto legales y de movilización social- que se tejieron junto con argumentos y procesos del derecho internacional de los derechos humanos.

Así, en el 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el más alto tribunal de la región- declaró responsable al Estado peruano por la masacre de Barrios Altos donde fallecieron 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, y otras cuatro personas fueron heridas. Cinco años después, la Corte volvió a fallar en contra del Perú por su responsabilidad en la desaparición forzada de nueve jóvenes estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.

Ambas sentencias interamericanas permitieron la formulación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, por su involucramiento en graves violaciones a los derechos humanos y otros graves crímenes vinculados a su participación en hechos de corrupción.

A su vez, a nivel regional, las condenas en el ámbito de la justicia interamericana impulsaron procesos de responsabilización frente a graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Uruguay, entre otros.

Para los familiares de las víctimas del conflicto armado interno del Perú, las condenas al Estado y a Fujimori representaron un hito en su arduo trabajo para el reconocimiento de sus derechos, y  herramientas para mitigar el dolor y reparar los daños causados.

Por eso, el derecho internacional es muy claro al no permitir las amnistías abiertas o encubiertas para ciertos crímenes. Tampoco permite indultos que mitiguen la pena, salvo que existan condiciones muy específicas, como por ejemplo, la colaboración para establecer el paradero de los desaparecidos.

Del mismo modo, en el 2012, la Corte Interamericana precisó respecto de beneficios penitenciarios como la figura del indulto, que su “otorgamiento indebido” puede “conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como las ocurridas (en el caso de Barrios Altos)”.

La pena que Fujimori cumple hoy en día responde a esa necesidad de dar una respuesta diferenciada a su vinculación a una serie de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad durante su presidencia. Hasta la actualidad, el expresidente, no ha cooperado con el esclarecimiento de los hechos de manera de cerrar las heridas de los sobrevivientes y mitigar su dolor.

De este modo, avanzar en la dirección de un indulto socavaría los derechos de las víctimas en desacato de lo ordenado por la Corte Interamericana. Más aún, sería una cachetada de un presidente democrático a un importante sector de la sociedad que se empeñó en que el exdictador no esté fuera del alcance de la ley.

Por esto, el llamado de hoy es recordar por qué el castigo a Fujimori es justo y por qué todavía no existen razones sociales o legales para atenuar su pena. El llamado es al presidente Pedro Pablo Kuczynski a persistir en el camino trazado por el Estado desde el retorno a la democracia y no ceder los derechos de los familiares de las víctimas, en respuesta al pedido del fujimorismo.

El llamado es a recordar, para persistir por la verdad y la justicia.