Rechazo a proyecto de amnistía para graves violaciones a derechos humanos en Uruguay
La aprobación de esta propuesta representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca reestablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad
Publicación: 07.Agosto.2020

Montevideo y Washington DC, 7 de agosto, 2020.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechaza el proyecto de ley presentado al parlamento uruguayo el pasado 4 de agosto por representantes del partido político Cabildo Abierto que propone impedir el procesamiento y sanción de las personas responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Desde CEJIL alertamos que la aprobación de esta propuesta representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para Uruguay con el claro objetivo de asegurar la impunidad, ya que busca reestablecer los efectos que tuvo la Ley de Caducidad. Dicha norma impidió hasta el año 2011 el acceso a la justicia y la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura.   

La propuesta no solo es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo con la ratificación de diversos tratados, sino que, de avanzar, constituiría un claro desacato a la sentencia emitida por la Corte Interamericana (Corte IDH) en el caso Gelman. Dicha sentencia declaró que la Ley de Caducidad, así como toda disposición de “amnistía, prescripción, o establecimiento de excluyentes de responsabilidad que busquen impedir la investigación y sanción de responsables de graves violaciones a los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”  es manifiestamente incompatible con la Convención Americana por contravenir derechos reconocidos por el derecho internacional que son inderogables. En consecuencia, la Corte IDH ordenó al Estado dejarla sin efecto y al mismo tiempo remover e impedir todo otro obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia.

Tal como lo estableció la Corte IDH en su sentencia, el Estado tiene un deber de garantizar el derecho a la justicia de víctimas y familiares y también de satisfacer el derecho a la verdad, que incluye una dimensión colectiva por el impacto que el acceso a la justicia tiene en el Estado de derecho. En ese sentido, la presentación de la propuesta constituye una afrenta lamentable a las víctimas de la dictadura cívico-militar y sus familiares pero también a toda la sociedad uruguaya, incrementando una deuda insoluta de justicia y reparación.

“La propuesta no solo es contraria al derecho internacional y a las obligaciones del Estado en el marco de una sentencia internacional, sino que busca reescribir la historia, tildando como ‘excesos’ crímenes de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidas por el Estado.” señaló María Noel Leoni, Directora del programa de Bolivia y el Cono Sur de CEJIL. “Resulta urgente que este tipo de propuestas tengan un rechazo contundente por parte de las autoridades y que, por el contrario, conduzca a reforzar un compromiso público y sostenido con las víctimas y familiares, y con la sociedad en su conjunto, para efectivamente garantizar el derecho a la verdad y la justicia”   

“Nuestra solidaridad con las víctimas que persisten en la búsqueda de la verdad y la justicia. En el debate político es clave no perder de vista que ellas tienen derechos inalienables. Por ello, los tratados en derechos humanos son unánimes en prohibir crímenes atroces como la tortura, la violación sexual o la desaparición forzada de personas, y en exigir la investigación de los responsables. Ello se fundamenta no sólo en la dignidad de las personas sino en la importancia de la verdad y la justicia para la garantía de la igualdad y el Estado de derecho”, puntualizó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esperamos que la propuesta caiga por su propio peso. Sin embargo, llamamos la atención sobre las facultades de la Corte Interamericana de intervenir en el proceso legislativo frente a proyectos de amnistía como lo hizo recientemente en los casos de Guatemala y El Salvador.”

Como litigantes en el caso Gelman, hemos denunciado en diversas oportunidades que el Estado aún no ha cumplido con sus obligaciones, incluyendo en una audiencia de cumplimiento de sentencia celebrada en septiembre de 2019 en la cual el Estado reconoció que sus esfuerzos eran insuficientes. Esta nueva propuesta amenaza con retroceder sobre importantes avances conquistados con la persistente demanda de víctimas y familiares y desde CEJIL estaremos presentando la información a la Corte IDH y estaremos monitoreando para tomar las medidas de denuncia internacional necesarias si esta propuesta avanza.