Presentan ante la CIDH la situación de derechos humanos del Bajo Aguán, en Honduras
Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.
Publicación: 06.Abril.2016

Washington D.C., 6 de abril de 2016.- Ayer se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras del Bajo Aguán, en Honduras. Varias organizaciones expusieron datos y casos sobre el conflicto que se vive en la zona.

Entre los peticionarios en la audiencia, se encontraba Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista y lideresa lenca asesinada, Berta Cáceres.

“A más de un mes de su ausencia”, dijo “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como adyuvantes del proceso”.

La sala se levantó para dar un aplauso en honor de su madre y a continuación, Berta hizo entrega de un clavel a la delegación del Estado de Honduras como símbolo de su búsqueda de justicia.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se ha agravado en el Bajo Aguán, en el último tiempo. Los delitos de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes defienden su territorio, acumulan nuevas cifras.

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.

Las organizaciones representantes de los movimientos del Bajo Aguán pidieron que se brinde una respuesta institucional acorde a la situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de la zona;  que se cree un protocolo de investigación sobre delitos contra defensores y defensoras, y que se cree una defensoría pública en la zona que apoye a los campesinos y campesinas criminalizadas.

“Para que la gente vuelva a confiar en las instituciones el Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas dirigidas a desactivar el riesgo que viven los defensores y las defensoras en Honduras así como resolver las causas estructurales que generan esta conflictividad”, apuntó Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y México de CEJIL.

Por su parte, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH manifestó que hay una indefensión general en Honduras y que “por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, de nada sirve”.