Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - SEPTIEMBRE
Publicación: 07.Octubre.2019
Ante un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.
 
Mediante esta herramienta, presentamos un resumen mensual de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales de Estados Unidos acontecidas en septiembre, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.
 
En esta edición del boletín, analizamos los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de septiembre de 2019:
  1. Corte Suprema levanta la suspensión provisional del reglamento que limita elegibilidad para asilo
  2. Jueza federal rechaza el reglamento que pretendía suprimir las protecciones para migrantes menores de edad en detención
  3. Litigio impugna propuesta de excluir de elegibilidad para residencia en Estados Unidos a toda persona que podría volverse una ‘carga pública’
  4. Reportes de posibles cambios a procedimientos migratorios ante el Departamento de Justicia

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos pendientes en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

1. Mientras se resuelve fondo del litigio, Corte Suprema permite la implementación del reglamento que imposibilita asilo para personas que han transitado por un tercer país

A petición de representantes de la administración Trump, el 11 de septiembre la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión provisional que había sido otorgada por una corte federal de primera instancia a finales de julio y afirmado, aunque limitado geográficamente, por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal en agosto. Con esta decisión, la mayoría de la Corte Suprema dejó la puerta abierta para la implementación del nuevo reglamento presentado por el ejecutivo estadounidense en julio de este año, al menos durante el transcurso del litigio.

La aplicación del nuevo reglamento significa que toda persona que haya transitado por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos ahora sería excluida de esa protección, con muy pocas excepciones. En términos efectivos, en la frontera sur de Estados Unidos, el asilo permanece disponible solamente para las personas mexicanas, quienes, por virtud de la ubicación de México contigua a Estados Unidos, no han pasado por un tercer país antes de llegar a la frontera estadounidense. Sin embargo, las personas de otras nacionalidades que pasaron por territorio mexicano sin solicitar protección en ese país ya no son elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos. Estas personas pueden solicitar otra forma de protección disponible en el marco estadounidense para personas refugiadas, conocida como withholding of removal. Sin embargo, esta protección requiere una carga de prueba más elevada que el asilo y no permite que las y los familiares de la persona solicitante puedan beneficiarse de su estatus, pues no contempla la unificación familiar.

A pesar de la decisión de la Corte Suprema, las organizaciones siguen litigando los casos que impugnan la legalidad del reglamento, tanto en las cortes federales de California como en el Distrito de Columbia. En el transcurso de octubre, se realizarán audiencias en ambas jurisdicciones.

 

2. Jueza bloquea la implementación del reglamento para sustituir el acuerdo Flores

La jueza que supervisa el cumplimiento del gobierno estadounidense con el acuerdo Flores se ha pronunciado en contra al reglamento emitido por el gobierno el mes pasado, declarando que el reglamento es inconsistente con el acuerdo que durante décadas ha protegido a personas menores de edad privadas de libertad por motivo de su situación migratoria. El acuerdo Flores, resumido en más detalle en la edición anterior de este boletín, prevé su propia obsolescencia a través de la adopción de un reglamento que implemente las disposiciones sustantivas del acuerdo. 

Tras publicar el texto final del reglamento en agosto, el cual propone socavar muchas de las protecciones reflejadas en el acuerdo Flores, el gobierno solicitó a la jueza que supervisa el caso que declarara terminado el acuerdo. Por su parte, las organizaciones litigantes del caso insistieron que el reglamento presentado por el gobierno no cumple con los requisitos del acuerdo Flores.

En su decisión del 27 de septiembre, la jueza reiteró que la obligación del gobierno bajo el acuerdo Flores es de adoptar un reglamento que dé efecto a las protecciones en el contenidas. Señaló que el reglamento no garantiza una protección adecuada con respecto a la duración y el régimen de la detención, y que no ofrece salvaguardas suficientes en los procesos para determinar la necesidad de la detención. Por tanto, suspendió de manera permanente la implementación del reglamento y dejó el acuerdo Flores intacto. 

 

3. Organizaciones litigan contra la nueva categoría para excluir personas de Estados Unidos por constituir posibles ‘cargas públicas’

Múltiples organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han iniciado litigios en distintas cortes federales en Estados Unidos, buscando que una nueva categoría de inadmisibilidad al país sea declarada inconstitucional. En agosto, el Departamento de Seguridad Interna promulgó un reglamento que ampliaría los motivos para denegar admisión a Estados Unidos, incluyendo específicamente una nueva causal de inadmisibilidad basada en la probabilidad de que la persona se vuelva una ‘carga pública’. La adición de esta nueva categoría permitiría al gobierno denegar la residencia a personas extranjeras con bajos ingresos o activos limitados, afectando principalmente a la clase obrera y personas o familias con bajos recursos, muchas de las cuales buscan la residencia para poder permanecer con sus familiares en Estados Unidos.

Aunque la ley estadounidense permite la exclusión de personas que no tengan la posibilidad de ganarse la vida y que probablemente dependerán en la asistencia gubernamental en el largo plazo como su principalmente fuente de subsistencia, la nueva categoría permitiría la exclusión de cualquier persona que en el futuro podría necesitar algún apoyo complementario o asistencia para cubrir sus necesidades de salud, alimentación o vivienda de corto plazo

Los litigios en cortes federales en Nueva York, Washington y California impugnan la nueva barrera que esta categoría de inadmisibilidad supone para la migración basada en vínculo familiar y el efecto discriminatorio que tenga sobre familias de distintas etnias. En todos los litigios, se ha solicitado una suspensión provisional para impedir la implementación de la nueva normativa mientras se litiga el fondo de las demandas. De no bloquearse mediante el litigio, el reglamento que establece la nueva categoría de inadmisibilidad entrará en vigor el 15 de octubre. 

 

PANORAMA A FUTURO

A continuación, informamos sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama que enfrentamos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

4. Reportes de posibles cambios en procesos ante el Departamento de Justicia

Algunos medios de comunicación reportaron haber tenido acceso a borradores de nuevos reglamentos del Departamento de Justicia que proponen cambios importantes a procedimientos migratorios bajo su jurisdicción. Uno de estos cambios afectaría el proceso para solicitudes de asilo presentados por personas menores de edad, imponiendo un plazo de dos meses desde su primera comparecencia ante un juez para la presentación de solicitudes. Actualmente, no hay ninguna limitación temporal para personas menores de 18 años de edad que quieren solicitar asilo en Estados Unidos, y los adultos están obligados a solicitarlo en un plazo de un año tras su llegada al territorio estadounidense.

Otro borrador refleja una propuesta de aumento en el costo de apelaciones presentadas por personas migrantes que buscan la revisión de la decisión de un juez de migración. El borrador del reglamento propone una tarifa de $975 para formalizar la apelación, un monto exorbitante comparado con la tarifa actual de $110. 

El gobierno no ha publicado de manera oficial las propuestas de reglamentos. De hacerlo, los reglamentos tendrán que pasar por un periodo de 60 días durante el cual es posible presentar comentarios al respecto.

 

 

Descarga el boletín en PDF: