Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - JUNIO
Publicación: 04.Julio.2019
En el marco de nuestros esfuerzos por promover los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición del boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.
 
A través de esta herramienta, presentamos un resumen mensual de algunas de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales del Estado norteamericano, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.
 
En esta edición del boletín, analizamos los avances y retrocesos en política migratoria estadounidense que tuvieron lugar durante el mes de junio de 2019. En esta ocasión, abordamos:
1. Últimos avances en el litigio que impugna la política ‘Quédate en México’.
2. Demandas contra la negación de libertad condicional para solicitantes de asilo.
3. Organizaciones de derechos humanos exigen cumplimiento de estándares internacionales de detención de niñas y niños migrantes.
4. Se esperan presiones renovadas hacía Guatemala y México para aceptar acuerdos de “tercer país seguro”.
 

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos que se están dando en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

1. Litigio avanza contra la política ‘Quédate en México’

Actualmente, la política ‘Quédate en México’ obliga a las personas que buscan solicitar asilo en los Estados Unidos a permanecer en México por la duración de su trámite. En junio, las organizaciones que han impugnado dicha política presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones en el que argumentaron, entre otros, que la misma violenta el principio de no devolución en tanto no ofrece garantías procesales suficientes para proteger a aquellas personas que enfrentan un riesgo de persecución en México. Destaca que, a principios de junio, un total de 8.000 personas solicitantes de asilo habían sido retornados a México bajo esta política. El sindicato de oficiales de asilo (que incluye a las personas encargadas de tomar decisiones respecto de si una persona solicitante debe de tramitar su solicitud desde México) presentó un escrito amicus curiae en el litigio. Se espera una decisión de la Corte de Apelaciones sobre si se mantiene la suspensión provisional de la política mientras se considera la legalidad de la misma.

 

2. Organizaciones defensoras impugnan política de detención de solicitantes de asilo

En los últimos días de mayo, organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en los Estados Unidos impugnaron la práctica de denegar categóricamente la libertad condicional a solicitantes de asilo de centros de detención migratoria. Esta práctica sistemática de detención obligatoria de solicitantes de asilo, tras demostrar un temor creíble de volver a sus países de origen, obedece a una política no escrita. La demanda colectiva se relaciona con cinco estados en la zona sur del país: Alabama, Arkansas, Luisiana, Mississippi y Tennessee, y alega que la falta de una revisión individualizada sobre la necesidad de la detención violenta las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional. 

Este litigio se enmarca en el contexto de una serie de procesos a nivel nacional que han impugnado la detención de solicitantes de asilo que demuestran un temor creíble de devolución a sus países de origen. El litigio Padilla v. ICE ha resultado en una serie de decisiones judiciales que exige el cumplimiento de la obligación de realizar una audiencia individualizada sobre la cuestión de la liberación condicional bajo fianza. Sin embargo, estas decisiones fueron paralizadas como consecuencia de una decisión administrativa que pretende modificar el marco normativo. Esta decisión del Fiscal General, Asunto de M-S-, que entrará en vigencia el 15 de julio, eliminaría la posibilidad de una audiencia sobre la oportunidad de  liberación condicional para cualquier persona que solicite asilo. Las organizaciones que llevan este litigio han incorporado la impugnación de esta decisión administrativa en su demanda. 

 

3. Abogados/as exigen cumplimiento de estándares internacionales de detención de migrantes menores de edad

Las organizaciones representantes de las personas beneficiarias del acuerdo de solución Flores, que limita el tiempo y condiciones de detención de personas menores de edad, solicitaron intervención judicial para supervisar el cumplimiento del gobierno estadounidense con las disposiciones del acuerdo. Las organizaciones alegaron el incumplimiento de las autoridades migratorias a su obligación de asegurar que, para detenciones que sobrepasan las 72 horas, los centros dedicados al alojamiento de niños y niñas migrantes cuenten con licencias para estos fines. Aunque las detenciones deben implementarse únicamente en situaciones excepcionales y en concordancia a estándares de derechos humanos, el escrito denuncia una práctica de detención prolongada de migrantes menores de edad, en un centro sin licencia en condiciones de estilo militar ubicado en Homestead, Florida. Según el escrito, hasta 2.350 menores no acompañados/as han sido detenidos/as en este centro y el gobierno estadounidense ha anunciado planes para ampliar su capacidad. Se espera una audiencia sobre la solicitud en agosto de este año.

A su vez, en el marco del mismo litigio, el gobierno estadounidense está apelando la decisión de la corte federal de primera instancia sobre las condiciones mínimas para los centros de detención de niños y niñas migrantes. Durante la audiencia ante la Corte de Apelaciones, el gobierno estadounidense declaró que esas condiciones mínimas no incluyen acceso a jabón o a cepillos de dientes. Con base en su reciente monitoreo en los centros de detención de migrantes menores de edad, las organizaciones representantes han solicitado orden de protección temporal ante la corte federal de primera instancia, exigiendo que el gobierno empiece a procesar los casos de menores de edad para su pronta liberación de la custodia de Aduana y Protección Fronteriza, de acuerdo con la normativa vigente. De igual forma han requerido que el Estado garantice necesidades básicas como alimentación adecuada, agua limpia, atención médica y la posibilidad de dormir. Se espera una audiencia sobre la solicitud en el mes de julio de este año. 

En este sentido, organizaciones estadounidenses denuncian que, en algunos casos, migrantes menores de edad han estado detenidos por la patrulla fronteriza durante más de seis días, en violación flagrante de los estándares internacionales aplicables. 

PANORAMA A FUTURO

A continuación, informamos sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama que enfrentamos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

4. Administración Trump busca impedir acceso al territorio estadounidense a través de la designación de México y Guatemala como “tercer país seguro”

La adopción de un acuerdo entre los Estados Unidos y México encaminado a prevenir el acceso de personas migrantes a la frontera sur estadounidense, adoptado el pasado 7 de junio en el marco de amenazas de aranceles contra México, ha producido una serie de cambios para las personas migrantes que se encuentran en México. En concreto, el acuerdo ha provocado el despliegue de fuerzas militares de la Guardia Nacional mexicana, tanto en la frontera sur como norte, que ahora participan de manera directa e indirecta en la detención y que han sido denunciadas como responsables de distintos abusos en contra de las personas migrantes. El acuerdo también ha llevado a la ampliación de la política a otras partes de la frontera norte, obligando a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos a permanecer en México por la duración del trámite. 

Además, este acuerdo establece que si las medidas previstas no logran reducir el flujo de personas migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos en un plazo de 45 días, el gobierno mexicano tomaría todas las medidas necesarias para efectuar un acuerdo bilateral vinculante que tendría el efecto de limitar la posibilidad de solicitar asilo al primero de los dos países – México o Estados Unidos – que la persona solicitante ha transitado. 

Por otro lado, múltiples fuentes reportaron conversaciones entre los Estados Unidos y Guatemala encaminadas a la designación de Guatemala como tercer país seguro. Aunque todavía no se ha formalizado un acuerdo de esta naturaleza, en caso de ser adoptado, obligaría a cualquier persona no guatemalteca que transita por el territorio guatemalteco con una necesidad de protección internacional a solicitar dicha protección en Guatemala, impidiendo la posibilidad de presentar una solicitud en los Estados Unidos. 

 

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