Política migratoria en Estados Unidos: un boletín para organizaciones mesoamericanas - JULIO
Publicación: 05.Agosto.2019

Ante un contexto cada vez más complejo para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la región mesoamericana, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) compartimos una nueva edición de nuestro boletín sobre política migratoria en Estados Unidos.

Mediante esta herramienta, presentamos un resumen mensual de las más recientes iniciativas y decisiones judiciales del Estado norteamericano, con el fin de aportar a las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Centroamérica y México.

En esta edición del boletín, analizamos:

  1. Litigio lleva a suspensión provisional del nuevo reglamento que restringe aún más la posibilidad de asilo; el gobierno apela.
  2. Corte reconoce derecho constitucional a una audiencia sobre libertad condicional para solicitantes de asilo.
  3. Litigio evidencia cambios en los criterios aplicados por oficiales de asilo en la primera evaluación de solicitudes de asilo.
  4. Se esperan procesos internos antes de la implementación del acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala que limita el  acceso a asilo.

LITIGIO Y JURISPRUDENCIA

En esta sección analizamos los procesos que se están dando en las cortes estadounidenses con respecto a políticas migratorias, así como las más recientes decisiones que afectan el marco jurídico para las personas migrantes.

1. Corte de primera instancia suspende provisionalmente implementación del nuevo reglamento que limita elegibilidad para asilo

El 24 de julio, una corte federal de primera instancia en California suspendió provisionalmente la implementación de un nuevo reglamento adoptado por la administración Trump unas semanas antes. A pesar de que el gobierno ha apelado la decisión provisional, el nuevo reglamento no podrá implementarse hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resuelva el recurso.

El nuevo reglamento interino sobre los criterios de elegibilidad para asilo en los Estados Unidos había sido publicado el 16 de julio. Con esta nueva normativa, se excluiría de elegibilidad para asilo a toda persona que entre o intente entrar a los Estados Unidos por la frontera sur, sin haber solicitado protección internacional cuando esta estuviere disponible en al menos un tercer país (no su país de nacionalidad) a través del cual la persona hubiese transitado en camino a los Estados Unidos. Bajo esta nueva normativa, el hecho de haber transitado por cualquier país que tenga un sistema de asilo que en principio podría proporcionar protección, funcionaría como una especie de ‘excepción preliminar’ que impide el análisis sobre el fondo de la solicitud. Considerando que todos los Estados de la región mesoamericana son parte de los instrumentos de derecho internacional de las personas refugiadas, el paso por México, Guatemala o cualquier otro país centroamericano eliminaría la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos.

Las excepciones a la aplicación de este reglamento, son intencionalmente muy limitadas. En términos prácticos se excluiría de esta medida únicamente a víctimas de trata de personas y aquellas personas a quienes les hubiese sido denegada la protección internacional por otro país. Por lo tanto, este cambio afectaría a casi todas las personas que llegan a los Estados Unidos con la intención de solicitar asilo.

Esta medida regresiva se suma a otras iniciativas que han restringido el acceso al asilo impulsadas por la administración estadounidense este año. Entre ellas se encuentra  la práctica de ´metering´, que crea un sistema de números y filas que hace a las personas solicitantes esperar semanas para poder presentar sus solicitudes, y la política ‘Quédate en México’ que obliga a la mayoría de solicitantes a permanecer en México mientras se tramita su solicitud de asilo en los Estados Unidos. 

Un aspecto que resulta preocupante en el marco legal estadounidense en materia de asilo es la vigencia del principio de no devolución, de conformidad con el derecho internacional de las personas refugiadas. Este principio impone a los Estado la obligación de no devolver a una persona a un territorio en el cual sufra riesgo de persecución. En Estados Unidos esta obligación está contemplada a través de un mecanismo denominado ’withholding of removal’, el cual, en principio, no se vería alterado por el nuevo reglamento. Sin embargo, el mismo tiene una carga de prueba mucho mayor de la que se aplica en el procedimiento de asilo, no garantiza la unidad y reunificación familiar y tampoco garantiza la no devolución de manera definitiva. En consecuencia, este mecanismo aplica para un número muy reducido de situaciones y ofrece poca protección real.

Dos demandas fueron presentadas contra el reglamento: CAIR v. Trump, ante la corte federal de primera instancia en el Distrito de Columbia, y East Bay Sanctuary Covenant v. Barr, ante otra corte federal de primera instancia en el norte de California. En ambos casos, se pidió una orden de protección temporal, que frenara inmediatamente la implementación del reglamento mientras se evaluaba su legalidad en el fondo. La solicitud de suspender la implementación del reglamento provisionalmente, fue rechazada el 24 de julio por la corte del Distrito de Columbia. En una decisión oral, el juez resolvió no detener la implementación del reglamento durante el litigio del fondo. Se espera una apelación de la Corte de Apelaciones del Circuito de DC.

Sin embargo, tras una audiencia ante la corte de primera instancia en California sobre la solicitud de una orden de protección temporal, el mismo 24 de julio el juez falló a favor de las organizaciones, suspendiendo provisionalmente la implementación del reglamento. Esta decisión, que es efectiva/vinculante para todo el país, está siendo atacada por el gobierno

Para ver el pronunciamiento de CEJIL respecto al reglamento, haga clic aquí.

 

2. Avances en litigio contra la política de detención de solicitantes de asilo sin audiencia

En la edición anterior de este boletín, se hizo mención de múltiples acciones que han impugnado la detención de solicitantes de asilo que demuestran un temor fundado de devolución ante los riesgos de persecución que enfrentan en sus países de origen. En el litigio Padilla v. ICE, a principios de julio la corte de primera instancia falló que la política que niega la posibilidad de una audiencia para la libertad condicional a solicitantes de asilo vulnera la constitución de los Estados Unidos. Por tanto, reconoció que las personas solicitantes de asilo tienen un derecho constitucional a una audiencia sobre libertad condicional en un plazo de siete días después de que ésta sea solicitada. Además determinó que la carga de prueba de demostrar que una persona no merece ser liberada recae sobre el Departamento de Seguridad Nacional, que se debe grabar o transcribir la audiencia, y que el/la juez/a debe emitir una decisión escrita con un análisis individualizado al finalizar dicha audiencia. Ordenó también la implementación de estas medidas como parte de la suspensión provisional de la política de detención obligatoria sin posibilidad de audiencia. 

Antes de que la decisión pudiese tomar efecto, el gobierno presentó una apelación que resultó en una suspensión interina de una parte de la decisión de primera instancia, pero dejó intacta la conclusión que estableció que las personas solicitantes que han demostrado un temor fundado tienen el derecho constitucional a una audiencia sobre libertad condicional. El litigio todavía se encuentra en la etapa de apelación de la orden provisional y se espera una audiencia sobre esta cuestión en octubre.

 

3. Litigio impugna cambios en proceso formativo de oficiales de asilo y sus consecuencias para la evaluación de solicitudes de asilo

Una demanda recientemente presentada ante la corte federal de primera instancia del Distrito de Columbia impugna la adopción de una nueva política que afecta el proceso de capacitación para oficiales de asilo. La política produce un nuevo módulo formativo que busca imponer estándares más exigentes y cargas de prueba más altas de las previstas  en la ley. La ley estadounidense sobre el procedimiento para la determinación de un temor fundado, que representa el primer paso en el análisis de elegibilidad para asilo, se centra en si la persona solicitante podría establecer su elegibilidad para asilo en una futura audiencia ante un juez o jueza.  No obstante,  el nuevo módulo exige que las y los oficiales de asilo determinen si la persona solicitante ha demostrado se elegibilidad. Para ello, impone la obligación de presentar ‘prueba significativa’ de su elegibilidad durante la determinación, algo que sobrepasa los requisitos contemplados para esta identificación inicial de personas solicitantes y se acerca más a las competencias de las y los jueces debidamente experimentados en estos procesos. Además, instruye a las y los oficiales de asilo a exigir de las personas solicitantes una ‘posibilidad significativa de persecución en el futuro’ que va mucho más allá del estándar del derecho interno y el derecho internacional de un ‘temor fundado de persecución’. 

Estos cambios dirigidos a transformar la práctica de las y los oficiales de asilo se confirman en los testimonios de algunos de estos oficiales recientemente publicados por medios de comunicación. Son particularmente preocupantes cuando se considera que muy pocos oficiales de asilo son abogados o reciben otra formación especializada sobre la aplicación de la ley de asilo. 

Esta política es otra muestra más de la intención de la administración Trump de aumentar las estándares de elegibilidad en el marco de las entrevistas de temor fundado. A finales de 2018, otro litigio llevó a la suspensión permanente de esas disposiciones. Sin embargo, la nueva política busca imponer estándares que contravienen el derecho estadounidense e internacional a través de la re-educación de las y los funcionarios encargados de implementar las leyes de asilo.

 

PANORAMA A FUTURO

A continuación, informamos sobre iniciativas o discusiones que pueden modificar el panorama que enfrentamos para la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

4. Avanzan procedimientos internos en Guatemala hacia la entrada en vigor del acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala

El 26 de julio, el Ministerio de Gobernación de Guatemala y el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos firmaron un acuerdo que, de tomar efecto, restringiría el acceso al procedimiento de asilo en Estados Unidos a través del traslado de personas solicitantes de asilo a Guatemala. El acuerdo surgió después de amenazas provenientes del Presidente Trump de imponer aranceles y una prohibición de viajes contra Guatemala por haberse negado de firmar un acuerdo de ‘tercer país seguro’. Aunque el Presidente Morales había indicado su anuencia de firmar dicho acuerdo a principios de julio, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca otorgó un amparo el día 14, estableciendo que una decisión de asumir obligaciones como las que se contemplan en un acuerdo de ‘tercer país seguro’ es competencia del poder legislativo, y no podrían ser asumidos unilateralmente por el ejecutivo.

En este contexto, la reciente firma del acuerdo por parte de Guatemala parece buscar evitar que se concreten las amenazas del presidente estadounidense y aceptar una serie de obligaciones que, a pesar de tener otra denominación, producen el mismo efecto de impedir solicitudes de asilo en los Estados Unidos. El lenguaje del acuerdo es amplio y preocupante; y su aplicación no se limita a las personas que han transitado por el territorio guatemalteco o a las que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Por tanto, podría aplicar a cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos, con excepción prevista solamente para las y los guatemaltecos, las personas migrantes con un visado, y las y los migrantes menores de edad no acompañados. Así, se abre la puerta de que pueda aplicarse respecto de personas solicitantes provenientes de México que nunca han pisado Guatemala y a las personas que solicitan asilo en los aeropuertos internacionales de los Estados Unidos.

El acuerdo establece que entrará en vigor una vez que cada Estado haya cumplido con los procedimientos nacionales necesarios. En Guatemala, se espera la pronta presentación del acuerdo al Congreso Nacional, y mientras tanto, se han interpuesto múltiples amparos impugnando la constitucionalidad del acuerdo. Estas demandas arrojan luz sobre la erosión institucional que sufre el país, y pone en relieve las amenazas contra la independencia judicial.

 

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