Palacio de Justicia
Un hito en la historia de Colombia
Colombia

El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero Iván Marino Ospina, del grupo M-19, tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El Ejército ya contaba, desde agosto de ese año, con información del servicio de inteligencia que indicaba que el M-19 tomaría el Palacio. A pesar de ello, dos días antes de la toma, sin motivo alguno, la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada.

Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el Palacio a través de un operativo militar y de inteligencia que sólo cesaría 27 horas después. Durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza publica. Más de 90 personas murieron dentro del Palacio, incluyendo civiles y magistrados.

En 1991, los y las familiares de las víctimas presentaron la primera denuncia ante la CIDH. A partir del año 2000, CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), comenzaron a representar a los familiares de los desaparecidos. Después de casi 25 años en el Sistema Interamericano, la Corte IDH publicó en el 2014 la sentencia del caso en donde encontró a Colombia responsable por graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país.

La gravedad institucional de los hechos constituye un hito en la historia reciente de Colombia. A su vez, ilustra el contexto de impunidad, falta de cumplimiento efectivo del derecho a la verdad e incumplimiento de sus responsabilidades de identificación de todas las víctimas.

Casi treinta años después de que ocurrieran los hechos aún se desconoce el paradero de 11 de las 12 víctimas desaparecidas.  A la fecha, sólo existen dos condenas firmes por el caso de desaparición forzada de las víctimas. Una, en contra del general ya retirado (r), Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de  5 de  las 12 víctimas, imponiéndole una pena de 35 años de cárcel. La otra, en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada  de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera, imponiéndole una pena de 30 años de cárcel. Ambas son condenas en segunda instancia. En el caso del Coronel Plazas Vega, existe un recurso de casación que se debatirá próximamente.

Aun así, en base a la sentencia emitida por la Corte IDH, se ha reabierto la investigación ante estos casos y se ha reiniciado el juicio de los militares y otros responsables.

Impacto del caso

  • El dictamen del Tribunal  estableció de manera muy clara los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia.
  • La sentencia de la Corte IDH también reconoció los daños y ordenó reparaciones integrales para los y las familiares de las víctimas.
  • Mediante la reapertura de los procesos a nivel interno, se realizaron las condenas de dos cabecillas del operativo de la retoma y la investigación de otros militares involucrados.