Organizaciones internacionales llaman a la transparencia en la elección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia en Honduras
El Observatorio Internacional de la elección judicial en Honduras pide transparencia y rendición de cuentas en la última fase del proceso de elección de Magistrados y Magistradas para la Corte Suprema de Justicia del país.
Publicación: 11.Enero.2016

San José,  11 de enero de 2016.- El Observatorio Internacional de la elección judicial en Honduras llama a la Junta Nominadora y al Congreso de la República a garantizar  la transparencia y rendición de cuentas en la última fase del proceso de elección de Magistrados y Magistradas para la Corte Suprema de Justicia del país.

Es importante recordar que la calidad del proceso de elección es un factor determinante para que todas las personas puedan acceder a una Corte Suprema independiente e imparcial, que actúe conforme a los más altos estándares internacionales.

En ese sentido, hemos observado con preocupación las siguientes irregularidades:

  1. En la primera etapa de evaluación que generó la preselección de 97 candidaturas, la Junta Nominadora (JN) no hizo pública la puntuación asignada a cada persona seleccionada, y tampoco cómo se valoraron las tachas presentadas, lo que impide conocer con certeza por qué unos candidatos/as avanzaron y otros no. La resolución emitida por la JN sólo explica la metodología empleada pero no la preselección hecha, lo que incumple con el principio de motivación, central a toda decisión de esta naturaleza. Asimismo, es de nuestro conocimiento que en la preselección no se valoró la calificación obtenida sino la cantidad de votos de quienes integran la JN. De ser este el caso, todo el proceso realizado carecería de sentido y no estaría basado en criterios objetivos.
  2. Llama la atención que cierta información sobre candidatos y candidatas se haya declarado confidencial con base a la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacionales. Esto implica que dicha información no será pública durante 10 años. Ahora bien, la referencia que hace la Junta Nominadora no explica si dicha declaratoria fue realizada por el Consejo Nacional de Seguridad ¾como lo prevé la citada ley¾, ni tampoco se conoce por qué publicar esta información podría ocasionar problemas de seguridad interna (artículo 4 (b) de la citada ley). Es preciso recordar que las personas que postulan a este tipo de cargos, deben someterse a un riguroso y transparente escrutinio público. Cabe anotar que a este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado “positivo que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes”.
  3. En relación con la lista de personas que ha sido preseleccionada, observamos con asombro que permanezcan en ella, dos magistrados y una magistrada actuales de la Corte Suprema de Justicia. Estas personas tuvieron una actuación cuestionable al participar en el despido arbitrario de tres jueces y una magistrada, en el contexto inmediato posterior al golpe de Estado del 28 de junio del 2009, en el que la Corte Suprema de Justicia, vulneró gravemente los principios de independencia e imparcialidad que deben caracterizarla, y junto a la actuación de otros poderes e instituciones del Estado tuvieron una actuación seriamente cuestionada por el pueblo de Honduras, así como por la comunidad y los organismos internacionales, y que terminaron comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Honduras ocasionando la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone y otros vs. Honduras. Tal circunstancia debería ser considerada en la evaluación correspondiente.
  4. Respecto a la etapa de entrevistas, el Observatorio valora positivamente que se hayan realizado mediante audiencias públicas, y que se hayan  transmitido por distintos medios de comunicación. Sin embargo, observamos que el tiempo asignado para cada persona fue muy limitado -20 minutos-, si se tiene en cuenta que las entrevistas se hicieron a potenciales Magistrados y Magistradas al Tribunal más importante en Honduras. Además, resulta preocupante que algunas preguntas planteadas por la JN estuvieron dirigidas a cuestionar creencias religiosas o morales de los candidatos y no a medir las capacidades técnicas o los méritos profesionales de las y los aspirantes.  Asimismo, instamos a la JN a que publique las puntuaciones obtenidas por los precandidatos en esta prueba.

En virtud de lo anterior, y considerando los principios, normas y estándares internacionales aplicables a este proceso, las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional respetuosamente recomendamos:

A la Junta Nominadora:

  • Publicar en su portal web la hoja de vida de todas las candidaturas presentadas, así como un breve resumen de las denuncias interpuestas contra éstas y la valoración asignada  a cada una; así como la calificación que obtuvo cada participante y la motivación que llevó a la preselección de 97 personas.De igual forma se deben hacer públicas las respuestas de los candidatos y candidatas al cuestionario realizado como requisito previo a la etapa de entrevistas.
  • Garantizar que las grabaciones de las entrevistas públicas de los candidatos sean archivadas y puestas a la disposición del público en un sitio web permanente. 
  • Explicar cómo surge la declaratoria de confidencialidad de la información sobre las candidaturas, el órgano que así lo ha declarado, la motivación de esta decisión y los alcances correspondientes.
  • En las próximas resoluciones que se dicten, hacer pública la tabulación de calificaciones de las personas precandidatas, con los distintos rubros evaluados y las puntuaciones obtenidas en cada uno, así como la motivación sobre las decisiones que tome la Junta.
  • Entregar la lista correspondiente al Congreso de la República en el menor plazo posible, de manera que este órgano cuente con el tiempo suficiente para analizar las candidaturas y tomar la mejor decisión por el bienestar del país.

Al Congreso de la República de Honduras:

Este órgano, también debe guiar su actuación en respeto a los principios de transparencia y publicidad. Asimismo, debe analizar las candidaturas con base a criterios objetivos, debiendo elegir a quienes ostenten los más altos méritos profesionales. Por ello exhortamos al Congreso a:

  • Establecer un procedimiento de evaluación con base en criterios objetivos, en particular tomando en cuenta la idoneidad, representatividad y la paridad de género.
  • Permitir una mayor interacción y participación de la sociedad civil en el proceso que lleve a cabo el Congreso.
  • Determinar la metodología que empleará para integrar las nóminas de 3 candidatas/os por cada Magistrada/o a elegir.
  • Cada diputado/a debe motivar su voto y hacerlo público.

De esta manera, instamos a las autoridades hondureñas a que tomen en cuenta los estándares internacionales sobre independencia judicial, así como los principios de transparencia, publicidad, participación y representatividad, al momento de elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Recordamos lo expresado por la CIDH -en su comunicado de prensa del 27 de agosto de 2015- sobre el proceso de referencia en cuanto que “el objetivo de cualquier proceso de selección y nombramiento de operadores debe ser seleccionar candidatos basándose en mérito personal y titulación profesional, tomando en cuenta la naturaleza singular y específica de las tareas a realizarse”.

Reiteramos que ésta es una oportunidad histórica para que se conforme una Corte Suprema comprometida con la justicia, sin discriminación alguna y se fortalezca el Estado de derecho y la democracia en Honduras.

Las organizaciones integrantes del Observatorio Internacional confirmamos nuestro respaldo a la justicia hondureña y continuamos realizando acciones de monitoreo, divulgación e incidencia durante el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia.