Organizaciones internacionales denuncian amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en Uruguay
El Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.
Publicación: 30.Marzo.2017
FOTO: AP Photo/Matilde Compodonico

Washington D.C. y Buenos Aires, 30 de marzo del 2017.- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos las amenazas de muerte hechas a autoridades estatales, personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la justicia en casos ocurridos durante el régimen militar en Uruguay.

 

El Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.

 

La amenaza de muerte fue dirigida a 13 individuos, incluyendo al ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y exfiscal Mirtha Guianze, que presentó cargos en contra de varios violadores de derechos humanos, incluyendo el antiguo dictador Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez; la exministra de Relaciones Exteriores y defensora de derechos humanos Belela Herrera; los abogados de derechos humanos que han representado a las víctimas de crímenes durante la dictadura: Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

 

Dirigida en un correo electrónico, la amenaza exponía que “el suicidio del General Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix fue nombrado por el Presidente Tabaré Vásquez para dirigir a un grupo que investigó el destino de personas que fueron desaparecidas de manera forzada durante la dictadura. Barneix se suicidó el 15 de septiembre del 2015, después de conocer que sería arrestado por la ejecución extrajudicial del militante de izquierda Aldo Perrini, en 1974. El mensaje también establecía que: “No serán aceptados más suicidios o persecuciones. Desde ahora en adelante, por cada suicidio, asesinaremos tres personas al azar de la siguiente lista”.

 

Además de estas amenazas, hace menos de un año, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Universidad de la República, quien desde el 2005 ha tenido un papel clave en localizar e identificar los restos de las víctimas de desaparición forzada en Uruguay, fue amenazado de manera similar y fueron víctimas de un ingreso forzoso en su laboratorio. Hasta la fecha, la investigación del robo y amenazas en contra del GIAF no ha producido ningún resultado tangible.

 

Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay. Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia”.

 

Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, apuntó que, en el caso Gelman —CEJIL representó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por este Tribunal, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas,y no queden impunes”.

 

WOLA y CEJIL expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las amenazas quienes, como defensores y defensoras de derechos humanos y oficiales de gobierno, llevan décadas luchado por la justicia y por acabar con la impunidad. Hacemos un llamado al Estado uruguayo para que enérgica y públicamente condene estas amenazas y se comprometa a asegurar la seguridad de los operadores y las operadoras de justicia y de las personas defensoras de derechos humanos. Para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.