Organizaciones denunciaron ante CIDH violación de derechos humanos por la construcción del canal en Nicaragua
CEJIL –junto con otras diez organizaciones sociales– denunciaron ayer ante la CIDH las múltiples violaciones de derechos humanos que se han perpetrado bajo el proyecto que busca construir un canal interoceánico en Nicaragua. Bajo este marco, solicitaron a la Comisión que realice una visita oficial a Nicaragua y que éste informe de manera detallada los alcances y las consecuencias de la ejecución del proyecto, promoviendo un debate amplio y transparente, que implemente mecanismos de consulta con la población.
Publicación: 17.Marzo.2015

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –junto con otras diez organizaciones sociales– denunciaron hoy ante la CIDH las múltiples violaciones de derechos humanos que se han perpetrado bajo el proyecto que busca construir un canal interoceánico en Nicaragua.
La construcción del canal abarca una franja territorial de 278 kilómetros de largo, con un área de influencia de 10 kilómetros a ambos lados. Esto supone una construcción tres veces más grande que el canal de Panamá, significando la mayor remoción de tierra y sedimentos nunca antes vista en el mundo. Esto ha motivado una preocupación por parte de las organizaciones ambientales quienes han manifestado que la ruta del canal afectará a 7 áreas protegidas que destruirá 193 mil hectáreas de bosques diversos, y supondrá una amenaza de contaminación para el Gran Lago Cocibolca, que constituye el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica.
“La concesión canalera, que incluye más de 10 mega-proyectos, fue asignada a un solo proveedor, a quien se le entregaron derechos exclusivos de desarrollo y operación potencialmente por más de 116 años”, apuntó Luis Carlos Buob, abogado de CEJIL. “El proyecto de ley del canal se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas 8 días, bajo desinformación general, falta de análisis, ausencia de consulta pública y violación a la soberanía nacional”, concluyó.
Las organizaciones denunciantes también expresaron su preocupación por las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos  se encuentran presentes en el 52% de la ruta canalera y serán afectados por el proceso de expropiación de tierras, y violados sus derechos territoriales, de participación y de autodeterminación. A esta cifra hay que añadirle las 119.000 personas que podrían verse desplazadas.
Por último se expuso la represión de la movilización ciudadana, la agresión policial y las detenciones ilegales que han acontecido en el contexto de las marchas realizadas en El Tule y Rivas en diciembre del 2014, donde fuerzas policiales desarticularon con violencia las manifestaciones populares.
Para los peticionarios de la audiencia, las situaciones descritas generan violaciones tanto a derechos sociales y culturales como civiles y políticos.
Bajo este marco, solicitaron a la Comisión que realice una visita oficial a Nicaragua y que éste informe de manera detallada los alcances y las consecuencias de la ejecución del proyecto, promoviendo un debate amplio y transparente, que implemente mecanismos de consulta con la población.

 

Washington, D.C., 17 de marzo de 2015.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –junto con otras diez organizaciones sociales– denunciaron ayer ante la CIDH las múltiples violaciones de derechos humanos que se han perpetrado bajo el proyecto que busca construir un canal interoceánico en Nicaragua.

La construcción del canal abarca una franja territorial de 278 kilómetros de largo, con un área de influencia de 10 kilómetros a ambos lados. Esto supone una construcción tres veces más grande que el canal de Panamá, significando la mayor remoción de tierra y sedimentos nunca antes vista en el mundo. Esto ha motivado una preocupación por parte de las organizaciones ambientales quienes han manifestado que la ruta del canal afectará a 7 áreas protegidas que destruirá 193 mil hectáreas de bosques diversos, y supondrá una amenaza de contaminación para el Gran Lago Cocibolca, que constituye el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica.

“La concesión canalera, que incluye más de 10 mega-proyectos, fue asignada a un solo proveedor, a quien se le entregaron derechos exclusivos de desarrollo y operación potencialmente por más de 116 años”, apuntó Luis Carlos Buob, abogado de CEJIL. “El proyecto de ley del canal se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas 8 días, bajo desinformación general, falta de análisis, ausencia de consulta pública y violación a la soberanía nacional”, concluyó.

Las organizaciones denunciantes también expresaron su preocupación por las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos  se encuentran presentes en el 52% de la ruta canalera y serán afectados por el proceso de expropiación de tierras, y violados sus derechos territoriales, de participación y de autodeterminación. A esta cifra hay que añadirle las 119.000 personas que podrían verse desplazadas.

Por último se expuso la represión de la movilización ciudadana, la agresión policial y las detenciones ilegales que han acontecido en el contexto de las marchas realizadas en El Tule y Rivas en diciembre del 2014, donde fuerzas policiales desarticularon con violencia las manifestaciones populares.

Para los peticionarios de la audiencia, las situaciones descritas generan violaciones tanto a derechos sociales y culturales como civiles y políticos.

Bajo este marco, solicitaron a la Comisión que realice una visita oficial a Nicaragua y que éste informe de manera detallada los alcances y las consecuencias de la ejecución del proyecto, promoviendo un debate amplio y transparente, que implemente mecanismos de consulta con la población.