No es sequía, es saqueo: personas defensoras de derechos llevaron sus reclamos a la CIDH por la falta de protección del agua en Chile
Publicación: 24.Marzo.2021

24 de marzo de 2021.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la desprotección del derecho al agua en Chile y su impacto en las poblaciones rurales, campesinas e indígenas y en las personas defensoras del medio ambiente.

 

Allí, el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), Mujeres MODATIMA, Mujeres en Resistencia, la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron que en Chile conviven comunidades rurales e indígenas sin agua suficiente para beber, alimentarse, higienizarse y trabajar mientras que grandes industrias son dueñas de los derechos de aprovechamiento del agua, las cuales sobreexplotan el recurso e impactan negativamente gran parte del territorio.

 

"La Corte Interamericana ha establecido que el derecho humano al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, comprendiendo el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico-comunitario. Ha dicho, asimismo, que para garantizar su protección, el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien económico”, expresó la abogada de CEJIL,  Andrea Pietrafesa para dar cuenta que el Estado chileno está incumpliendo tratados internacionales. 

 

Por su parte, el representante Modatima, Camilo Mansilla Quiñones, destacó que Chile es el único país de la región en el cual el agua es jurídicamente considerada un bien privado que se puede comprar y vender en el mercado con fines de explotación económica, sin priorizar el acceso para el consumo humano.  Por eso, actualmente en el país hay 138 comunas con decretos de escasez hídrica; 383.204 viviendas carentes de agua potable; el 48% de la población rural carece de fuentes formales de abastecimiento de agua y  el 80% de las cuencas del país están sobre-otorgadas.

Además, agregó Mansilla que, “la legislación chilena consagra la separación del régimen de propiedad del agua del dominio de la tierra, lo que permite que existan privados que tienen acceso al agua, sin necesidad de ser propietarios de la tierra”, truncando las formas de vida y tradiciones propias de las comunidades rurales, campesinas e indígenas.

Las organizaciones ejemplificaron zonas donde la escasez hídrica y desabastecimiento de agua es extremo, como las Zonas de Sacrificio de Puchuncaví Quinteros, donde Katta Alonso, representante y Vocera de  Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia denunció diversos estudios que han demostrado la contaminación de metales pesados en los pozos y cuerpos de agua. Asimismo, refirieron a la situación en la Provincia de Petorca, donde la expansión  e intensidad de los monocultivos, especialmente de la palta ha contribuido al agotamiento de los cursos de agua superficiales y subterráneos.

Situación similar se vive en el Wallmapu, donde la sobreexplotación de plantaciones forestales de monocultivo de pino y eucaliptos han contribuido a secar los ríos, los humedales y las napas freáticas, determinado un profundo déficit hídrico. Como explicó Miguel Melín de la Alianza Territorial Mapuche, para el pueblo mapuche, el agua constituye un componente fundamental de la MAPU o la tierra y es inseparable de ella, por lo que el reclamo del agua hace parte del reclamo territorial. Agregando que esto, “no solo refleja una visión particular sobre ella sino una estrecha relación de convivencia con las personas habitantes de esos territorios”.

 

Finalmente, desde la sociedad civil expresaron que la equidad de género también se ve afectada en el acceso y gestión del agua. Al respecto, la representante y vocera  de Mujeres Modatima, Lorena Donaire expresó que "en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres,  esto precariza su vida y su salud. Ellas cargan el peso de proveer agua a sus familias. Las mujeres siguen siendo el género oprimido en el acceso al agua".

 

Las personas defensoras del derecho al agua, a través de Manuela Royo,  solicitaron a la CIDH que haga un llamado público a Chile a adecuar su marco normativo y regulatorio en conformidad con los estándares internacionales, que desarrolle con mayor claridad los alcances de la protección internacional del derecho al agua bajo la Convención Americana a través de un informe temático regional y que solicite al Estado información detallada sobre la cantidad de denuncias presentadas por amenazas, hostigamiento u cualquier otro tipo de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

 

Ante los planteos de la sociedad civil y la CIDH, la respuesta del Estado fue deficiente, dejando en evidencia que en Chile el agua es un bien con fines de explotación económica por privados. Asimismo, tampoco respondió a las denuncias sobre amenazas y riesgo que enfrentan las personas defensoras del agua y evidenció la falta de políticas integrales y mecanismos de protección. Además, en su intervención el Estado desconoció que el derecho al agua estuviera protegido por los tratados internacionales de los cuales hace parte.

 

Ante esto, las diversas intervenciones de los comisionados y comisionadas fueron contestes en destacar que el derecho al agua genera obligaciones internacionales para el Estado de prevención, respeto y protección bajo múltiples tratados, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos, de los que Chile hace parte. 

 

Asimismo, la CIDH expresó preocupación por la normativa chilena y su consagración como bien privado. La Comisionada Flávia Piovesan planteó la contradicción que existe entre considerar el agua un bien de consumo humano y el tratamiento que le da el Estado chileno, y destacó que, "La privatización se mueve por intereses financieros y ahí se debilita el derecho al agua como derecho fundamental de supervivencia que impacta en el derecho a la salud, la vida, el trabajo, la integridad".

 

En la intervención final de las organizaciones, María Noel Leoni, de CEJIL expresó preocupación por el hecho de que el Estado justifique la crisis del agua en el país en causas que percibe como externas, como el impacto del cambio climático, y no como una situación sobre la cual tenga una responsabilidad directa. Sobre esto, afirmó que múltiples estudios evidencian que la escasez hídrica se debe tanto a causas naturales como humanas, incluyendo el impacto de las industrias, el sostenimiento de un marco normativo deficiente y la priorización de la función productiva por encima del consumo humano.

Concluyeron las organizaciones afirmando, además, que tampoco respecto del cambio climático el Estado asume responsabilidad ni toma medidas efectivas para dar respuesta, lo que se evidencia, entre otras cosas, en la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú y en la constante promoción de incentivos para que la explotación de recursos naturales continúe como propuesta de reactivación económica tras la pandemia.   

Al dar cierre a la audiencia, la Comisionada Julissa Mantilla afirmó que la CIDH toma con mucha atención la solicitud de la sociedad civil de realizar un informe temático sobre el derecho al agua a fin de generar dar líneas y estándares de suma utilidad.

 

La audiencia completa se puede ver, aquí.