Nicaragua: arbitrariedades contra defensores/as deben parar
Publicación: 04.Septiembre.2017


San José, 4 de septiembre del 2017.- El pasado viernes 1 de setiembre, el líder campesino Medardo Mairena Sequeira, Coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra Lado y Soberanía, fue detenido arbitrariamente por autoridades nicaragüenses cuando regresaba a su país proveniente de Costa Rica. 

Medardo Mairena es un reconocido líder campesino que ha liderado diversas manifestaciones en contra de la construcción del Canal Interoceánico, aprobado por el Estado sin consulta previa a los pueblos indígenas y campesinos afectados. 

Si bien la detención de Merardo no tenía fundamento legal alguno, ese mismo día fue trasladado a la Cárcel de El Chipote en Managua en donde permaneció incomunicado por casi 40 horas. El día sábado 3 de setiembre, varias personas defensoras de derechos humanos se presentaron al lugar para solicitar información, no obstante esta les fue negada por las autoridades.

Este acto de arbitrariedad, se suma a otras acciones que ha realizado el Estado nicaragüense para intimidar a quienes se oponen al citado proyecto y en general a quienes son críticos de las acciones del gobierno. Cabe recordar que la señora Francisca Ramírez, lideresa campesina del mismo movimiento social también ha sido víctima de diversos hechos de hostigamiento por parte de las autoridades; asimismo, entre los años 2014 y 2017 decenas de personas extranjeras han sido expulsadas arbitrariamente del país por ejercer el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos “los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”. 

CEJIL condena este acto arbitrario y exhorta a las autoridades estatales para que se abstengan de continuar limitando la defensa de los derechos humanos. Además, solicita que se investigue las razones de la detención, se identifique a sus responsables y se les sancione, según corresponda. 

Revisa acá su declaración en video.