Masacre de Santa Bárbara, Perú: no hay justicia integral sin cumplimiento pleno frente a todas las reparaciones ordenadas por la Corte IDH
Publicación: 18.Diciembre.2019

Washington, D.C. y Lima, 17 de diciembre de 2019.- El pasado lunes 16 de diciembre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado condenó a 5 años al sargento Wilfredo Pacheco Zambrano como cómplice secundario de la masacre de Santa Bárbara. Pacheco Zambrano quien estuvo prófugo por más de 10 años, fue extraditado desde Estados Unidos a Perú en el año 2018.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Paz y Esperanza y el abogado Milton Campos, reciben con satisfacción esta decisión, la que se suma a las condenas del sargento Oscar Carrera Gonzales y del teniente del Ejército peruano, Javier Bendezú Vargas responsable de liderar un operativo el 4 de julio de 1991 que provocó la desaparición de 15 pobladores de la comunidad campesina Santa Bárbara, en Huancavelica de los cuales siete eran niños. Sin embargo, como señala Francisco Quintana, director del programa de la región andina, Norteamérica y el caribe de CEJIL, “Aún no han iniciado procesos penales contra al menos 30 militares más, y, además, las condenas ya recaídas no han colaborado en la búsqueda de los restos de las víctimas, otra de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en su Sentencia”.

La Sentencia dictada por la Corte IDH el 1 de septiembre del 2015 ordenó al Estado peruano a investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas; buscar, exhumar e identificar los restos de las víctimas; otorgar ganado, vivienda, indemnizaciones y atención médica, psicológica o psiquiátrica a las víctimas. Pero a cuatro años de dicha sentencia y a veintinueve de los hechos, el Estado peruano solo ha cumplido con la publicación de la Sentencia.

“El Estado peruano aún tiene una deuda pendiente con las víctimas de la masacre de Santa Bárbara al avanzar en el cumplimiento en muy pocas de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH en su sentencia, por ello nos hemos visto obligados a recurrir nuevamente a ella para solicitar una audiencia”, dijo el abogado Milton Campos. “Los familiares de las víctimas continúan esperando que el Estado peruano despliegue su mejor esfuerzo para hallar a los restos de las víctimas que fueron acribillados y dinamitados en la Mina y luego trasladados a otros lugares para ocultar la evidencia”, agregó.

Desde las organizaciones que acompañamos a las víctimas, esperamos que el Estado peruano otorgue la celeridad necesaria al presente caso y cumpla con repararlas de manera integral, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.