CEJIL recuerda responsabilidad estatal a rectora de la UNAH en Honduras
Publicación: 07.Agosto.2017
<p>Fuente: El Heraldo.</p>

El pasado 4 de agosto, CEJIL envió una carta pública a la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), con motivo de la respuesta que ha dado la Universidad en contra de los y las estudiantes que participan de manifestaciones desde el año 2014.

Asimismo, la misiva se refiere a las declaraciones públicas en las que vincula al sacerdote jusuita Ismael Moreno Coto, y lo califica de incitador de la movilización social. El Padre Melo es director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC).

“Estas aseveraciones son absolutamente estigmatizantes, desproporcionadas e incompatibles con su investidura como máxima autoridad del centro universitario más importante del país”, señaló Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL y firmante del documento.

A través de su carta, CEJIL le recuerda a la señora Castellano que Honduras tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que ella es funcionaria pública. A partir de esto, le recuerda que “la CIDH ha indicado que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”. 

Derecho a la educación

La movilización estudiantil se inició como respuesta a una serie de reformas que incluían, entre otras cosas, limitar la cantidad de materias que los y las estudiantes pueden matricular según su rendimiento académico global, y establecer la prueba de aptitud académica para estudiantes de nuevo ingreso.

Esto desencadenó una crisis al interior de la UNAH, que se ha manifestado intermitente en numerosas ocasiones y que aún permanece. La universidad ha tomado un rol activo en criminalizar a los y las estudiantes, y sólo recientemente ha presentado una veintena de denuncias penales. Además, por otros procesos previos ya hay tres estudiantes condenados por el delito de usurpación. La señora Castellanos personalmente ha liderado estas denuncias. 

La carta a la rectora finaliza  haciendo un llamado a la casa de estudios a que aplique los principios y valores que rigen la Universidad:. "En particular, le hacemos un llamado para que se privilegie un diálogo con los y las estudiantes que respete la integridad, la equidad, la pluralidad, la solidaridad y la tolerancia".

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