La inviabilidad de la amnistía es esperanza para Guatemala
Mesa de Supervisión de sentencias de la Corte IDH celebra decisión de la Corte de Constitucionalidad que impide al Legislativo garantizar impunidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos
Publicación: 12.Febrero.2021
En la foto, archivos de la Policía Nacional de Guatemala

Ciudad de Guatemala y San José, 12 de febrero de 2021.

Las organizaciones y víctimas que conformamos la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, celebramos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), comunicada el pasado 9 de febrero, de dejar sin efecto el procedimiento de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional iniciado en 2019 por el Congreso de la República con el objetivo de mantener en la impunidad los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

Tal como denunciamos en su momento, la iniciativa de ley 5377 sobre reformas a la Ley de Reconciliación Nacional representó una grave amenaza para la independencia de poderes y el Estado democrático y constitucional de Derecho en Guatemala, y pretendía socavar los difíciles avances del país en la lucha contra la impunidad.

Celebramos que la resolución constitucional reconozca que dicha iniciativa es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado guatemalteco. En este sentido, recordamos que la Corte Interamericana en resolución del 12 de marzo de 2019 ordenó a Guatemala interrumpir el trámite legislativo y archivar dicha iniciativa de ley, por la amenaza que representa al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado. Además, en una nueva resolución de 14 de octubre de 2019 el Tribunal regional declaró que el Estado no había dado cumplimiento a lo ordenado y le reiteró su deber de hacerlo inmediatamente.

La decisión de la CC representa para las víctimas sobrevivientes y sus familiares la esperanza de poder continuar sus incansables búsquedas de justicia y sus esfuerzos por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, reparación y no repetición.

Instamos al Congreso de la República a acatar manera inmediata la decisión de la Corte de Constitucionalidad, así como la resolución de la Corte Interamericana y proceder al archivo de la iniciativa de ley 5377 sin mayores dilaciones, absteniéndose de volver a promover procesos que pongan en peligro la garantía de derechos humanos.

Aprovechamos la oportunidad para reconocer la importante función que realiza la Corte de Constitucionalidad por mantener el equilibrio de poderes dentro del Estado de Derecho, y velar que la institucionalidad del país actúe acorde con los estándares internacionales y los derechos humanos.

Desde la Mesa de Supervisión de Cumplimiento reiteramos nuestro compromiso con la lucha histórica en Guatemala por garantizar memoria, verdad y justicia.

Integrantes de la Mesa de Supervisión de Cumplimiento:

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achi (ADIVIMA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH)

Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Pedro Chitay (Caso Chitay Nech)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)

Representantes en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar)

 

La Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala está conformada por personas y organizaciones de la sociedad civil que representan a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Corte IDH, con el objeto de impulsar conjuntamente el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal interamericano al Estado de Guatemala.