Inés y Valentina
Violencia de género en pueblos indígenas
México

Aunque hemos agrupado los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, es importante señalar que ambos casos son indepedientes y por tanto están sujetos a procesos distintos. Aún así, ya que los eventos sucedieron casi al mismo tiempo y las similitudes de los dos casos son más que notorias, por motivos prácticos, hemos decidido presentarlos conjuntamente.

El 16 de febrero de 2002 Valentina Rosendo Cantú, una indígena me’phaa de 17 años, se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa —en la comunidad de Barranca Bejuco, perteneciente al municipio de Ecatepec—, cuando miembros del Ejército mexicano la interrogaron sobre la ubicación de varios hombres “encapuchados” de la comunidad. Durante el trascurso del interrogatorio Valentina fue violada.

Inés Fernández Ortega, mujer indígena Me’phaa, fue también asaltada sexualmente por militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002. La presentación de la denuncia de la violación sexual contra Inés Fernández dio inicio a una cadena de actos contra la vida e integridad de la víctima, sus familiares e integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Mepha'a de México (OPIM), particularmente de su defensora e intérprete Obtilia Eugenio Manuel.

La violación sexual y tortura que padecieron Valentina Rosendo e Inés Fernández se dio en el marco de la militarización de los territorios indígenas de la Región de la Costa-Montaña del estado de Guerrero. El Ejército continúa patrullando las comunidades indígenas Me’phaa y Na Savi en ambos municipios. La presencia militar obedece a una estrategia cuyo fin, oficialmente aceptado, es prevenir el surgimiento de grupos guerrilleros, pero que en la realidad afecta a movimientos sociales, pues son considerados como un enemigo en potencia, al que se tiene que minar y destruir, empezando por su organización comunitaria y su cultura. Por ello, el Ejército mexicano no se ha limitado a hacer presencia, sino que ha allanado domicilios, retenido a pobladores indígenas, destruido cultivos, torturado y violado sexualmente a mujeres de la región. Estos abusos han sido ampliamente documentados por organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional.

 

Impacto de los casos:

  • La remisión de los casos al fuero civil posibilitó que la investigación fuera conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense.
  • Detención de presuntos agresores.
  • Reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar.