Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta
Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años. Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.
Publicación: 23.Abril.2013

San José, Costa Rica, 23 de abril de 2012. Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años. 

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Tuvieron que transcurrir 17 años para que las autoridades internas reconocieran su error y se lograra la liberación de García y Sánchez, quienes permanecían privados de libertad en el centro penitenciario Neza-Bordo, en el municipio mexicano de Nezahualcóyotl.

“La liberación de Juan y Santiago es un logro para el respeto de los derechos humanos y un llamado de atención para que el Estado mexicano elimine prácticas ilegales en los procesos de investigación policial y de impartición de justicia, ello solo ha sido posible tras la intervención de la Comisión Interamericana en el caso”, sostuvo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

El 6 de junio de 1997, policías judiciales del Distrito Federal de México irrumpieron sin orden judicial al domicilio de ambos ciudadanos mexicanos, los detuvieron de manera arbitraria e ilegal, los golpearon y los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aduciendo vinculaciones con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Allí los siguieron golpeando y amenazaron de muerte para que firmaran hojas en blanco, en las que fueron escritas confesiones falsas. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron la principal prueba para que Juan y Santiago recibieran primero una condena a tres años de prisión, por la supuesta portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, y posteriormente otra sentencia de 40 años bajo los falsos cargos de haber cometido un robo, asesinar a un policía y herir a varios agentes policiales.

Sobre este tema, el Subcomité de Prevención de la Tortura concluyó en 2010, tras visitar México, que es ante el Ministerio Público y particularmente durante las primeras 48 horas de detención cuando las personas detenidas corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El año pasado también, el Comité contra la Tortura expresó en su informe sobre México, su preocupación por el alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios, con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias.

En 2011, el caso de Santiago Sánchez, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, recibió informe de fondo de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente se encuentra en trámite y espera ser dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica.

“Saludamos la liberación de Juan y Santiago y esperamos que el Estado mexicano repare en forma integral el daño que les ha causado, investigue y sancione a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos y tome las medidas necesarias para eliminar la práctica de la tortura” sostuvo Pilar Noriega, abogada del SLIEJ.

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Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

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