Honduras en deuda con justicia internacional desde hace una década
  Estado incumple reparaciones en sentencias de 2003 y 2006. Centros penitenciarios hondureños en alerta roja. País carece aún de registro de detenidos.   La tarde de este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, celebró dos audiencias para el cumplimiento de las sentencias en el Caso Alfredo López Álvarez de febrero de 2006 y el Caso Juan Humberto Sánchez de junio de 2003 y sobre las cuales Honduras sigue en deuda. En la cita, se denunció el incumplimiento de las medidas de reparación dictadas por el máximo Tribunal Interamericano, entre las que destacan el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios hondureños y la creación de un adecuado registro de personas detenidas que permita controlar la legalidad de las detenciones.
Publicación: 23.Mayo.2013

 

  • Estado incumple reparaciones en sentencias de 2003 y 2006.
  • Centros penitenciarios hondureños en alerta roja.
  • País carece aún de registro de detenidos.

 

La tarde de este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica, celebró dos audiencias para el cumplimiento de las sentencias en el Caso Alfredo López Álvarez de febrero de 2006 y el Caso Juan Humberto Sánchez de junio de 2003 y sobre las cuales Honduras sigue en deuda.

En la cita, se denunció el incumplimiento de las medidas de reparación dictadas por el máximo Tribunal Interamericano, entre las que destacan el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios hondureños y la creación de un adecuado registro de personas detenidas que permita controlar la legalidad de las detenciones.

“El Estado de Honduras sigue sin respetar efectivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, aseguraron las y los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH).

La Corte Interamericana, pudo corroborar en 2006 que Alfredo López, un garífuna, defensor de derechos humanos fue privado de su libertad en forma arbitraria durante varios años, aun cuando era inocente de los hechos que le acusaban. Mientras estuvo en la cárcel fue víctima de malos tratos y se le impidió comunicarse en su lengua nativa.

En el caso de Juan Humberto Sánchez de 2003, la Corte IDH conoció acerca del secuestro, tortura y ejecución del que fue víctima por parte del ejército hondureño y sobre el cual sigue existiendo impunidad.

Alerta roja en cárceles

Según datos oficiales, actualmente en Honduras existe una población penitenciaria de más de 12 mil privados de libertad, ubicados en tan solo 24 centros penitenciarios con capacidad instalada para 8 mil personas. Esto representa un 156% de ocupación carcelaria a nivel nacional.

Aun cuando existen decretos de emergencia desde el año 2010 para todas las cárceles del país, a la fecha las personas privadas de libertad siguen siendo víctimas de condiciones degradantes e inhumanas.

“Las condiciones de infraestructura son contrarias a la dignidad humana y violatorias de los estándares interamericanos, por cuanto no reúnen condiciones óptimas de espacio, iluminación, ni seguridad, además hay dificultades para desplazarse e incluso hay personas que deben dormir en el piso de las bartolinas o en el interior de los baños”, declaró la Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, Marcia Aguiluz.

El supuesto compromiso del Estado contrasta precisamente con la disminución de presupuesto para atender a esta población, señalaron las denunciantes. Por ejemplo, para el presente año se ha asignado aproximadamente 45 centavos de dólar para la alimentación diaria de cada persona privada de libertad.

Sin registros adecuados

“A la fecha, Honduras carece de un mecanismo efectivo que permita registrar la legalidad de las detenciones efectuadas por las fuerzas públicas”, sostuvo la abogada de COFADEH, Mery Agurcia.

La Corte IDH había establecido como medida de reparación en su sentencia de 2003 sobre el Caso de Humberto Sánchez, que el registro de detenidos debía permitir “la identificación de los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, día y hora de ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención”.

Sin embargo, diez años después de emitida la sentencia, Honduras sigue sin crear el registro de detenidos, permitiendo así que continúen las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.

Las representaciones legales solicitaron a la Corte IDH ordenar a Honduras cumplir con sus sentencias y así avanzar hacia la protección efectiva de todas las personas en dicho país.

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL

+506 22807473 ext. 11

Fotografía CC Guillermo Cárcamo