Guatemala: el estado democrático se encuentra bajo grave amenaza
Publicación: 09.Enero.2019
Fecha de emisión: 9 de enero.
 
A partir de los últimos hechos y declaraciones planteadas por el máximo representante del poder ejecutivo en Guatemala, el presidente Jimmy Morales, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento declaramos lo siguiente: 
 
  1. Condenamos enérgicamente la reciente serie de acciones emprendidas por los organismos del Poder Ejecutivo ya que violan sistemáticamente los principios fundamentales de la democracia, la separación de poderes, la independencia de los poderes públicos y el respeto a las normas internacionales.
     
  2. Aplaudimos la decisión de la Corte de Constitucionalidad, de dejar sin efecto los actos realizados por el poder ejecutivo el 7 de enero cuando de manera unilateral y anticipada decidió terminar el acuerdo con Naciones Unidas y con ello poner fin al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), violando tanto las normas internacionales como las constitucionales ya que el decreto de ley ratificado por el Congreso Nacional de Guatemala plantea con claridad el proceso para terminar el mandato de la CICIG, proceso que no fue observado por las autoridades implicadas. Notamos que el Secretario General Guterres rechazó enérgicamente la decisión y así afirmó que "El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre de 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla íntegramente sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo".  
     
  3. Estamos alarmados ante las acciones encaminadas a desaforar la Corte de Constitucionalidad y la expulsión de la CICIG, las cuales sin duda podrían tener un impacto negativo irreversible en la integridad del proceso electoral próximo a iniciar, asi como en la protección de los derechos humanos y en los avances realizados en el combate a la corrupción. 
     
  4. Hacemos un llamado a las instituciones guatemaltecas, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a que adopten las medidas necesarias para proteger la independencia de la Corte de Constitucionalidad y la integridad personal y física de sus magistradas y magistrados. Actualmente, no sólo han sufrido llamados a la destitución de sus cargos, pero también peticiones de encarcelamiento. Condenamos estos ataques y amenazas en los términos más firmes. 
     
  5. Expresamos profunda preocupación por el futuro de la institucionalidad democrática de Guatemala ante un asalto coordinado por sectores vinculados a redes de corrupción y crimen organizado, a través de denuncias infundadas contra las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que tienen por objetivo obstruir el ejercicio libre e independiente de su función tal como está consagrada en la Constitución de la República. Confiamos en que la Corte Suprema de Justicia cumplirá con el papel histórico que hoy le toca asumir.
     
  6. Observamos con especial preocupación la difamación, estigmatización, persecución penal maliciosa, y los ataques físicos y psicológicos en contra de sectores claves en la lucha contra las redes de corrupción, entre ellos los y las jueces, fiscales, defensores de los derechos humanos,  denunciantes, periodistas y los medios de comunicación.   
     
  7. Enfatizamos la importancia de la CICIG en la preservación de los derechos humanos, tal como fue expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del 12 de septiembre, donde expresa: “La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción”.
     
  8. Denunciamos que las acciones del presidente Morales y los sectores que han construido poder político a través de redes criminales de corrupción y tráfico de influencias reflejan un patrón creciente de abuso y concentración de poder en la rama ejecutiva; retroceso también lamentablemente observado en otros países de la región. 
 
En base a todo lo anterior, instamos a la comunidad internacional a tomar las siguientes acciones:
 
Condenar públicamente las violaciones a las normas internacionales y a la falta de respeto del estado de derecho, en especial cualquier infracción cometida en contra de la integridad de la Corte de Constitucionalidad o de su capacidad de actuar con independencia;
Alentar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a promover una delegación a Guatemala para evaluar el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana de conformidad con el artículo 18 de la misma;
Velar por el completo cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, incluidas, entre otras, aquellas relacionadas con el funcionamiento de la CICIG en Guatemala a medida que completa su mandato; y
Finalmente, suspender el financiamiento no-humanitario bilateral y multilateral al Gobierno guatemalteco mientras no existan las condiciones para garantizar el cumplimiento de las normas internacionalmente aceptadas, incluyendo la separación de poderes, la independencia judicial y las medidas efectivas para controlar la corrupción en los organismos estatales, medidas necesarios para proteger los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos.

 

Organizaciones firmantes:

Abogados sin Fronteras Canadá
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oxfam