Guatemala: Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena supervisión reforzada por riesgo que enfrentan fiscales de la FECI
• El alto Tribunal constata la existencia de una situación de intimidación, seguimientos y amenazas a tres fiscales de la FECI, que podría impactar de manera directa en la realización de sus labores investigativas.
Publicación: 09.Octubre.2020

Washington DC y Ciudad de Guatemala, 8 de octubre de 2020- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el día de ayer una Resolución, en el marco de la supervisión de  cumplimiento  de la sentencia del caso Ruiz Fuentes Vs Guatemala, en la que consideró la situación de riesgo que enfrentan los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vinculados con la investigación del caso y dispuso  realizar una supervisión reforzada del cumplimiento de la obligación de investigar ordenada en dicha Sentencia, en particular en relación a las acciones y mecanismos de protección implementados para que dichos fiscales puedan realizar su labor.

La Corte reconoce que los tres fiscales de la FECI enfrentan una situación de riesgo marcada por actos de intimidación, desprestigio, acoso selectivo e incitación al odio en redes sociales, a lo que se suman seguimientos y amenazas, así como un cúmulo de denuncias penales presentadas en su contra y señala que frente a esta situación “se vuelve necesario evitar que estos actos generen un efecto amedrentador e intimidante en los fiscales y obstaculicen su labor”.   

La Corte también constata que la situación de riesgo que experimentan los fiscales, se ha ido incrementando en la medida que avanza la investigación penal por los hechos del caso Ruiz Fuentes. Particularmente, hay un aumento del acoso y la intimidación luego de que se formalizara la acusación penal, en febrero de 2020 y se iniciara la fase intermedia del proceso contra los acusados en este caso, entre los que figuran ex funcionarios de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación.

En esta resolución, el Tribunal recuerda que “los Estados, para garantizar un debido proceso, deben facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos, pues de lo contrario eso tendría un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan, afectando seriamente la efectividad de la investigación. Tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido”

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, es fundamental que la Corte IDH recuerde la obligación del Estado de mantener la protección para los fiscales. “Nos unimos al llamado de la Corte para que se realice esta supervisión reforzada y se garantice que los fiscales puedan realizar sus labores con independencia y con resguardo de su integridad personal. El ataque a los operadores de justicia no puede convertirse en otro medio para perpetuar la impunidad”

La supervisión reforzada es un mecanismo reciente implementado por la Corte que implica un seguimiento más cercano de las sentencias