El Estado de Nicaragua ausente ante crisis de derechos humanos en el país
El Estado de Nicaragua se ausentó del debate sobre la situación de crisis de derechos humanos que adolece el país.
Publicación: 07.Abril.2016
El Estado de Nicaragua no acudió a la audiencia

Washington D.C., 7 de abril de 2016.- El Estado nicaragüense, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se presentó a la audiencia donde se iba a debatir la situación general de los derechos humanos en el país.

Las organizaciones peticionarias expusieron un panorama desalentador —en el que priman las violaciones de derechos humanos—, indicando que Nicaragua vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos. Agregaron que se caracteriza por el debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población. Buen ejemplo de esta desprotección son las mujeres, con 53 femicidios el año pasado.

Las organizaciones dieron cuenta de los obstáculos que enfrenta la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos a la hora de acceder a la justicia, tanto para presentar denuncias, como para que las investigaciones conduzcan a la identificación y sanción de los responsables. Es por esto que los casos que involucran a la policía, por ejemplo, y que acusan a algunos de sus funcionarios de abuso de autoridad, agresiones, detenciones ilegales, entre otros delitos, se mantienen sin llegar a una resolución.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (CENIDH) durante los últimos 6 años, han recibido casi 400 denuncias por incumplimiento de órdenes de libertad, malos tratos, agresiones físicas y sexuales, entre otras.

En referencia a la construcción del canal interoceánico, denunciaron que el 52% de su ruta atravesaría territorios donde hoy habitan pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, a la fecha aún no se organiza un espacio de consulta para resolver su situación.

En la Costa Atlántica, producto de la violencia de “colonos” contra personas indígenas, se ha generado el desplazamiento forzado de 3.008 personas, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas/os, que se encuentran refugiados en algunas comunidades vecinas como Puerto Cabezas, Waspam y Honduras, indicaron las organizaciones peticionarias. “El resultado de la violencia ha sido un total de 28 personas asesinadas, 18 heridas y 18 secuestradas”, añadieron. La información disponible indica que ninguno de estos hechos ha sido investigado.

En la audiencia se recordó la expulsión arbitraria de Nicaragua de los abogados de CEJIL Luis Carlos Buob y Marta González, en mayo de 2015. A su caso se suma el de Carlos Ponce, director de Freedom House para Latinoamérica, que fue deportado en febrero de 2016.

Por otra parte, se denunció la falta de acceso a la información pública, lo que impide el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto se combina con un espectro limitado de medios, producto de la concentración en manos de conglomerados oficialistas, la entrega de licencias para radio y televisión de manera discrecional y el hostigamiento para quienes son críticos de alguna actuación del gobierno.

A partir de esto, se solicitó a la CIDH pedir autorización al Estado para realizar una visita oficial al país para que pueda constatar la situación, petición que, por otra parte, se ha mantenido sin respuesta desde 2009. Además, se pidió que incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto de su informe anual, el cual está dedicado a los países con una situación preocupante, en materia de derechos humanos. Los comisionados allí presentes, lamentaron la ausencia de las autoridades nicaragüenses y manifestaron su preocupación ante la información recibida.