Estado colombiano se enfrenta a audiencia por desaparecidos en la vereda la Esperanza, dos décadas después de los hechos
La audiencia se presentó en el vigésimo aniversario de los hechos.
Publicación: 22.Junio.2016
Florinda de Jesús Gallego Hernández, familiar de tres de los desaparecidos de la vereda La Esperanza.

San José y Medellín, 22 de junio de 2016.- En el 20º aniversario de los hechos sucedidos en la vereda La Esperanza, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llamaron al Estado colombiano a proveer reparación por las 12 desapariciones forzadas ocurridas en junio de 1996, y a pedir perdón, reconociendo los hechos plenamente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Si el Estado no hubiera sido indiferente por estos 20 años, ya nosotros hubiéramos enterrado a nuestros seres queridos y hubiéramos tenido esa verdad”, dijo Florinda de Jesús Gallego Hernández, testigo y familiar de tres de los desaparecidos. “Necesitamos un Estado de verdad, comprometido a buscar a nuestros seres queridos. ¿Adónde están? Que los entreguen y que no los escondan y que los militares e implicados en los hechos también sean llamados y nos digan la verdad. No más negación, no más impunidad, no más injusticia. Porque cuando se habla de una reparación integral, la primera reparación, es la verdad”.

Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) lideradas por Ramón María Isaza Arango y apoyadas por el Ejército colombiano, asolaron la comunidad Vereda la Esperanza, un municipio agricultor situado entre las montañas que rodean la autopista Medellín-Bogotá. Sin haber conseguido justicia en el fuero interno, más de 120 familiares han emprendido una lucha incesante desde entonces, para esclarecer la verdad. 

“Esta audiencia es un salto muy positivo en lo que ha sido toda la lucha de las víctimas, por la verdad, por encontrar a sus familiares y lograr que la Corte Interamericana finalmente tome una decisión de fondo”, señaló Liliana Uribe, abogada de CJL. “¿Cuál es nuestro punto fundamental? Es que quienes acceden a estos beneficios jurídicos de estos mecanismos de justicia transicional efectivamente satisfagan ese derecho de las víctimas a la verdad”.

Durante la audiencia, se examinó la aplicación de los beneficios jurídicos y procesos de esclarecimiento de la verdad, enmarcados por la Ley de Justicia y Paz. Desde su adopción,  esta ley permite una pena alternativa de 5 a 8 años para quienes acuden al proceso y contribuyen a aclarar los hechos -incluso si son violaciones graves de derechos humanos-, si confiesan la verdad. Bajo este marco, por ejemplo, el jefe paramilitar Isaza Arango -responsable de las desapariciones de la Vereda—, fue puesto en libertad al considerarse que había cumplido la pena alternativa, aún sin haber revelado el paradero de los cuerpos. Además, hasta la fecha, la Fiscalía encargada de recibir las declaraciones de los distintos postulados no ha hecho nada por investigar los hechos.

“Vemos cómo el marco de la Ley de Justicia y Paz no ha servido para que los familiares de los desaparecidos de Vereda la Esperanza -cuya búsqueda, ansiedad e incertidumbre se ha extendido por dos décadas- conozcan la verdad”, dijo Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Esperamos que el Estado cumpla con una debida aplicación de esta Ley”.

Desde Medellín, los familiares expresaron su confianza, durante una rueda de prensa realizada antes de iniciar las audiencias, de que el sistema internacional sería una luz de esperanza “para quienes con dignidad y valentía esperamos justicia”.