Estado Colombiano reconoce responsabilidad por no investigar y reparar desplazamiento forzado
Publicación: 06.Agosto.2018

Cartagena, 6 de agosto, 2018.- El Estado Colombiano reconoció el día de hoy su responsabilidad internacional por no investigar y reparar el desplazamiento forzado sufrido por Nicolasa y sus familiares ocurrido en el 2000. Dicho desplazamiento se produjo en el marco del conflicto armado interno.

“La situación de desplazamiento provocó que yo y mi familia viviéramos en condiciones sociales y económicas de precariedad”, dijo Nicolasa, quién tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos.  “Ha sido la fuerza de la fe y la esperanza de salir adelante con el apoyo de mi familia que nos ha llevado a ser cada día mejor”, precisó.

El acto se realizó luego de un proceso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dentro de este proceso, el Estado se comprometió a realizar un evento público para adoptar medidas de reparación y pedir perdón por no haber investigado con debida diligencia los hechos que generaron el desplazamiento forzado de la familia de Nicolasa hace 18 años del municipio de San Onofre, departamento de Sucre, por actores armados ilegales.

Durante el evento, el Estado reconoció que las personas desplazadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y situación de riesgo, que requiere de atención especial. Por otra parte, ambas partes señalaron que las condiciones socio-históricas de ciertos grupos de personas desplazadas -entre ellos mujeres, personas afro-descendientes, e indígenas-, agudiza la exposición a ciertos riesgos como lo son la violencia en base de género y otros crímenes. Nicolasa, a través de su lucha por la justicia, se ha convertido en una lideresa por los derechos de la población de mujeres afrodescendientes desplazadas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló “investigar hechos del conflicto armado es clave para la lucha contra la impunidad, y para garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos, sobre todo en el actual contexto de implementación de los acuerdos de paz”.

Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de personas en Colombia han sido víctimas de desplazamientos provocados por el conflicto armado interno; afectando de forma diferencial a mujeres jóvenes y niñas, de comunidades afro descendientes y/o indígenas. Se espera que la medida contribuya a la reconstrucción de la verdad histórica y a una mayor concientización de la sociedad e instituciones colombianas sobre la necesidad de atender a los reclamos de las personas desplazadas internamente.

“Por esto, el trámite internacional del caso y el reconocimiento de responsabilidad del Estado tiene un efecto positivo muy importante para Nicolasa y su familia porque confirma que su esfuerzo  y decisión de reclamar  acceso a la justicia valió la pena, que sus voces fueron escuchadas y su dignidad es hoy valorada y escuchada”, indicó Linda María Cabrera Cifuentes, subdirectora de SISMA Mujer.

El evento contó con la participación de  representantes de SISMA Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas, Red Nacional de Mujeres de Colombia; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) quienes han acompañado a la familia de Nicolasa en foros nacionales e internacionales durante casi dos décadas.