Estado colombiano elude responder por actuación conjunta entre agentes estatales y paramilitares
El tema se abordó durante una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado viernes 26 de mayo.
Publicación: 30.Mayo.2017

San José, 30 de mayo de 2017.-  Durante una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –celebrada el pasado viernes 26 de mayo—, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) evidenciaron cómo la actuación conjunta de agentes estatales y paramilitares generaron una sucesión de violaciones de derechos humanos en el municipio de Aguachica en 1994, motivadas inicialmente por razones políticas, y luego por el propósito de asegurar impunidad.

El 28 de enero de 1994, José Erminso Sepúlveda Saravia –Secretario Privado del Alcalde de Aguachica—, y Noel Emiro Omeara Carrascal, un ganadero de la región, se encontraron en un restaurante situado en la plaza central del municipio. Un grupo de hombres armados entraron al restaurante, matando al señor Sepúlveda e hiriendo gravemente al señor Omeara, quien falleció seis meses después del atentado, el 26 de julio de 1994.

El atentado inicial tenía como blanco principal al señor Sepúlveda por su actividad como miembro del Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), un grupo político alternativo a los poderes tradicionales, que era visto por los organismos de seguridad de la zona como subversivo. Por ello, la policía, el ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como la Unidad Antiextorsión y Secuestro (UNASE), actuaban conjuntamente con grupos paramilitares para eliminar a sus integrantes.

Peroel asesinato del señor Sepúlveda gravemente hirió y le cobró la vida a su compañero de almuerzo, Noel Emiro Omeara.  Esta muerte se convirtió en un problema para los responsables del atentado, quienes buscaron ocultar la evidencia de su responsabilidad silenciando a los familiares del señor Omeara que buscaron justicia. Así, su hijo Manuel Guillermo Omeara, a quien su padre le había contado que reconoció a los perpetradores y que estos eran miembros del UNASE, y se dio a la tarea de establecer su responsabilidad, fue desaparecido en agosto de 1994, torturado y ejecutado extrajudicialmente. Dos meses después de la desaparición forzada de Manuel Guillermo, en octubre del mismo año, su suegro Héctor Álvarez Sánchez fue víctima de un atentado por dos hombres armados luego de haber declarado en la apertura de la investigación de su yerno. El resto de los familiares quedaron en estado de desprotección y se vieron obligados a desplazarse de Aguachica.

”El atentado estaba dirigido contra el señor Sepúlveda y contra el movimiento político que él representaba. No se entiende por qué después mueren estas otras personas de unas familias que no estaban metidas en política pero que al haber sido vulnerados sus derechos decidieron tratar de impulsar que hubiera justicia y no lo lograron”, dijo Gustavo Gallón, Director de la CCJ.

Durante la audiencia, se examinó la actuación conjunta entre los miembros de los organismos de seguridad de Colombia y grupos paramilitares en el municipio de Aguachica que, en el momento de los hechos, era una región militarizada con alta presencia de grupos armados ilegales. Por otra parte, los representantes de las víctimas señalaron que el Estado no había cumplido su deber de proteger la vida e integridad de José Erminso Sepúlveda Saravia, a pesar de las denuncias que había hecho sobre la persecución a su agrupación política.

“La búsqueda por verdad y justicia del hijo de Noel Emirio Omeara y su suegro generó una mayor situación de riesgo para ambos y el resto de los integrantes de la familia, ya que los responsables no querían que quedara expuesta la actuación conjunta entre agentes estatales y paramilitares en el asesinato inicial”,  señaló Viviana Krsticevic de CEJIL “Esto apunta a una activación de mecanismos de encubrimiento, por parte del Estado colombiano, en la época en que ocurrieron los hechos.”.

 Por ello, los peticionarios le pidieron a la Corte exigirle al Estado colombiano identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en contra de José Erminso Sepúlveda Saravia, Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Miraval y Héctor Álvarez Sánchez. Asimismo, se solicitó que la Corte le ordenara al Estado implementar medidas de no repetición y habilitar una placa conmemorativa en el Parque San Roque, donde estaba situado el restaurante en el que ocurrieron los hechos del caso.

“Agradezco a la Corte IDH por haberme dejado estar acá”, señaló Jaime Omeara, hijo de Noel Emirio Omeara en la audiencia. “Mi familia y yo vivimos en carne propia el horror de la violencia. Por eso, le pedimos a la Corte una reparación justa y transparente. Esperamos que se haga justicia y se sepa la verdad”.