Diciendo Sí a una paz acompañada por las herramientas de protección del SIDH
22.Septiembre.2016

Hace un mes, y a pocas horas antes de realizarse el anuncio de que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían llegado a un acuerdo final por la paz, se presentó una audiencia pública sobre la supervisión de la implementación de las medidas provisionales en el caso Masacre La Rochela.

La audiencia, en la que participaron representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y CEJIL, fue de suma importancia, no solo para las viudas de tres de los 15 funcionarios judiciales asesinados por paramilitares en 1989 en el municipio de Simacota, Santander, sino también para un universo más amplio de víctimas y familiares, que han depositado su confianza en el poder judicial y en la protección del Estado colombiano y que ahora se enfrentan a un cambio de escenario mucho más complejo. 

Aún secándose el último plumazo sobre los acuerdos finales por la paz, ya se están moviendo mecanismos de justicia transicional, entre ellos para los militares. Para ello, las víctimas que perdieron seres queridos durante el conflicto armado interno jugarán un papel protagónico en la impulsión de estos nuevos procesos. Pero su paso por esta nueva jurisdicción no estará exenta de los riesgos. Al contrario, la reactivación de investigaciones en contra de militares, en el nuevo marco de la justicia transicional, podrá incrementar el riesgo que sufren los testigos, víctimas y familiares que participan en las investigaciones.

En ese sentido, los mecanismos de protección internacional, continuarán siendo esenciales a la hora de garantizar el bienestar de quienes atraviesen este nuevo mundo, para obtener justicia en sus casos particulares.

Como ejemplo, podemos tomar el caso particular de las medidas provisionales de la masacre de La Rochela. Las señoras beneficiarias Luz Nelly Carvajal, Esperanza Uribe y Paola Martínez, y sus familiares, han luchado por más de 26 años en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos. Pero, hasta fechas recientes, han sido víctimas de múltiples hostigamientos, como seguimientos por parte de individuos sospechosos y vigilancia de sus lugares de residencia y trabajo, así como llamadas amenazantes. Sumándose a la ineficacia de las investigaciones por estos hechos, las beneficiarias dicen temer por sus vidas y la de sus familiares.

Asimismo, de más de 36 militares que tuvieron relación con los hechos del caso por el que surgen las amenazas, dos fueron condenados en ausencia —sin estar presentes durante su procesamiento— y permanecen en libertad. Dos generales están siendo actualmente investigados y se encuentran en libertad.

Ante la impunidad existente, los militares involucrados podrán acogerse a la nueva jurisdicción especial para agentes del Estado. Las señoras Carvajal, Uribe y Martínez serán las responsables de asegurarse de que se tramiten las investigaciones y se presenten las pruebas contundentes para que los militares, y aquellos responsables de las amenazas, sean sancionados.

Cabe señalar que, de 40 paramilitares que participaron en los hechos, solo dos se acogieron a la jurisdicción de Justicia y Paz. Solamente uno fue condenado pero ya recobró la libertad y el caso del otro, que aceptó su participación, se remitió a la Justicia Ordinaria. En esta jurisdicción, fue condenado un paramilitar que también recobró su libertad. Finalmente, aquellos paramilitares que no se han acogido a los procesos de la Ley de Justicia y Paz, pueden ser investigados y sancionados por la Justicia Ordinaria, espacio en donde continúa la impunidad. 

El caso de las medidas provisionales de la masacre de La Rochela es un ejemplo entre muchos otros casos. Se le suman algunos como, por ejemplo, las medidas cautelares del CCAJAR por amenazas, hostigamientos y atentados, realizados por el ahora extinto DAS; las medidas provisionales de la exsenadora Piedad Córdoba, por amenazas y atentados contra su vida y el secuestro de que fue víctima por los grupos paramilitares; las nuevas investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre torturas y nuevas desapariciones, así como las ya existentes por la ejecución del magistrado Carlos H. Urán y los desaparecidos del Palacio de Justica. 

Con la firma final de los acuerdos y con el plebiscito del 2 de octubre, esperamos cerrar un capítulo doloroso en la historia de Colombia, en donde una guerra asoló a la nación durante más de medio siglo y dejó a sus espaldas más de 200 mil muertos. Si bien estos aires de paz están alentándonos a construir un nuevo país para las generaciones futuras, no podemos dejar en una situación de desprotección a las víctimas del conflicto, en lo que armamos una nueva realidad.