Corte Interamericana insta al Estado uruguayo a tomar acciones concretas para cumplir con sentencia en caso Gelman
Publicación: 28.Diciembre.2020

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2020.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia por el caso Gelman y otros Vs. Uruguay, en la cual llamó la atención al Estado uruguayo por el incumplimiento de las principales reparaciones ordenadas hace ya 9 años. Esta resolución tiene como antecedente la audiencia privada de supervisión celebrada entre las partes en septiembre del 2019, en la que las autoridades estatales reconocieron que las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia son insuficientes.

En su resolución, la Corte IDH concluyó que la condena a 5 ex militares en el caso no agota la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, ya que continua sin conocerse el paradero de Maria Claudia García y sin agotarse la investigación y la determinación de responsabilidad de todos los posibles responsables de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y de la sustracción de identidad de Macarena Gelman, crimen que aún no se ha investigado.

También, la Corte IDH llamó la atención del Estado ante las maniobras dilatorias de las defensas que muchas veces constituyen un obstáculo principal para el avance de las causas por graves violaciones a los derechos humanos. Sobre esto, el Tribunal destacó queel Estado debe impedir que “acciones o recursos de esta naturaleza tengan efectos dilatorios y entorpecedores en los procesos y constituyan un obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas […] los jueces, […] como rectores del proceso, tienen que dirigir y encausar los procedimientos judiciales con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo y de la impunidad”.

Por otro lado, la Corte IDH coincidió también con la preocupación expresada durante la audiencia por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representante de Macarena Gelman, en el sentido de que, aún cuando la Ley de Caducidad haya sido dejada sin efecto, continúan existiendo serias resistencias de parte de la justicia  para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Así, por ejemplo, la Corte IDH concluyó que la postura de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la prescripción y la calificación jurídica de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura continúa sin ser acorde con los estándares internacionales, lo que genera inseguridad jurídica de que el Estado haya realizado todas las medidas para superar la impunidad. 

En consecuencia, la Corte IDH resolvió continuar supervisando las acciones del Estado en este punto hasta tanto las interpretaciones judiciales tengan plenamente en cuenta los estándares internacionales desarrollados por la Corte. Esta decisión reviste particular importancia ante diversos retrocesos que se han verificado en el año en materia de verdad, justicia y reparación, incluyendo la presentación de propuestas legislativas con el objeto de reinstalar los efectos de la Ley de Caducidad.

Finalmente, la Corte IDH se refirió a los obstáculos que aún persisten para la búsqueda de las personas desaparecidas, en particular de María Claudia García Iruretagoyena. Sobre esto, el Tribunal urgió al Estado diseñar y presentar a la brevedad un plan integral de búsqueda específico para la localización de María Claudia o de sus restos mortales, incluyendo líneas concretas de investigación y un cronograma detallado. Asimismo, requirió a la Institución Nacional de Derechos Humanos que presente información sobre sus competencias y planes en materia de búsqueda de personas desaparecidas y acceso a información sobre graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales.  

“Esta Resolución de la Corte IDH deja nuevamente en evidencia la enorme deuda pendiente que mantiene el Estado uruguayo con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura, especialmente las de este caso” sostuvo María Noel Leoni, Directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL, quien agregó “Al mismo tiempo, la resolución deja al Estado y a la sociedad uruguaya una hoja de ruta clara respecto a las medidas que deben adoptarse desde los distintos poderes e instituciones estatales para superar los obstáculos, sobre las cuales el Estado deberá informar a la Corte, la víctima y sus representantes a la brevedad. Desde CEJIL continuaremos acompañando a las víctimas de este caso y reclamando al Estado el cumplimiento pleno de sus obligaciones”.