Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa la situación en la región
Marcada por la muerte reciente de Berta, CEJIL acompañó el desarrollo de 11 audiencias, en conjunto con otros actores. Entre el 4 y el 9 de abril, la organización visibilizó violaciones de DDHH de 9 de los países integrantes del sistema interamericano.
Publicación: 05.Mayo.2016

Durante 5 días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo y otras actividades. Entre el 5 y el 9 de abril se revisaron avances y nudos críticos de 19 países dentro de los integrantes del Sistema Interamericano.

CEJIL, como una de las organizaciones peticionarias, acompañó el desarrollo de 11 audiencias, en conjunto con otros actores. Dentro de los países que la organización revisó, junto a otras redes desde la sociedad civil, está El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

Berta en nuestra memoria

Este 157° periodo de sesiones estuvo marcado por el asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo. Su hija Berta Zúniga Cáceres acompañó distintas actividades en memoria de la activista hondureña, entre las que destacó una vigilia que comenzó en el Banco Mundial y terminó en las puertas de la Organización de los Estados Americanos, el martes 5 de abril.

El Estado de Honduras se vio interpelado ese mismo día, en una audiencia organizada para tratar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras de la zona, constantes víctimas de violencia, amenazas y hostigamiento.

Durante la semana de audiencias, la familia de Berta, CEJIL y distintas organizaciones se reunieron con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para pedirle que el Estado hondureño solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, similar al equipo que acompañó la investigación de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana expresó al Estado de Honduras su disposición de designar un grupo de estas características.

Censura indirecta en México

En México, por su parte, las acciones de represión afectan particularmente a las personas que ejercen el periodismo en el país. Las organizaciones tomaron el micrófono para ilustrar la situación en la que se encuentran frente a un Estado que está asfixiando la libertad de expresión a través de una serie de mecanismos de “censura indirecta”. La presentadora de radio y televisión, Carmen Aristegui asistió a la audiencia acompañando a los peticionarios e hizo entrega a la CIDH de la Declaración de Medellín, firmada por un centenar de periodistas, dentro y fuera de Latinoamérica, manifestando su preocupación contra la censura a su trabajo y los costos a la democracia. “No habrá sistema anticorrupción que sirva ni en México ni en ningún lado si no cuenta el propio país con un periodismo libre e independiente”, dijo.

A partir de esta audiencia, el relator Edison Lanza, especialista en temas de Libertad de Expresión, anunció una visita junto al relator de las Naciones Unidas, programada inicialmente para el segundo semestre.

Violencia en Mesoamérica

Las organizaciones peticionarias en la audiencia de situación general de derechos humanos en Nicaragua, expusieron un panorama desalentador —en el que priman las violaciones de derechos humanos—, indicando que el país vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos. Agregaron que se caracteriza por el debilitamiento progresivo de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población. Por ejemplo, las mujeres, con 53 femicidios el año pasado.

El Estado de Nicaragua ni siquiera asistió a la reunión. En respuesta, las organizaciones le pidieron a la CIDH que incluyese en su informe anual a Nicaragua, dentro de la “lista negra” de países con una situación preocupante en materia de derechos humanos.

Desde otro ángulo, la violencia atraviesa a El Salvador. La audiencia Derechos humanos y seguridad ciudadana giró en torno a la escalada de violencia que vive la población, al estar atrapada por los enfrentamientos entre pandillas y la policía. El espacio planteó la situación en la que se encuentra el país, catalogado como uno de los más violentos del mundo, con 6.657 homicidios registrados por las autoridades sólo en 2015, equivalente a 102,9 por cada cien mil habitantes. La cifra ha llegado a 2.006, al cierre del primer trimestre de 2016.

La petición fue aceptada por el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, quien invitó a la comisión a formar parte del diálogo y a las organizaciones a participar de la implementación de las políticas locales.

Por el “derecho a defender derechos humanos”

Varias organizaciones de derechos humanos presentaron ante la CIDH, la situación de indefensión y el riesgo que, defensoras y defensores, enfrentan a diario desde distintas esferas. Solicitaron estándares y un marco de protección para ejercer su “derecho a defender derechos”.

Desde Colombia, la periodista Jineth Bedoya debatió frente al Estado la responsabilidad de este último por su desprotección frente a las amenazas de las que fue víctima desde 1998 y que fueron el preámbulo del secuestro y ataque sexual que sufrió. Éste ocurrió el 25 de mayo del 2000, fuera de la prisión La Modelo de Bogotá, mientras realizaba una investigación por corrupción. El Estado negó que existiesen irregularidades en la investigación del caso.Jineth declara que continúa en riesgo y bajo constantes amenazas.

En Perú, la atención se centró en los dirigentes sindicales. A partir de la audiencia realizada el viernes 9 de abril, la CIDH conoció el testimonio de Luis Villanueva Carvajal, Secretario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP): “Nos vimos afectados por las muertes de 15 líderes sindicales, 15 padres de familia comprometidos con la lucha por un mejor vivir, por derechos laborales”. Gracias a que esta audiencia fue solicitada, el gobierno peruano decidió presentarse a ella con un protocolo de compromiso en el que se registra su intención de solventar la situación de los sindicatos en el país.