Audiencia del caso López Lóne y otros en la Corte IDH evidenció falta de independencia judicial en Honduras
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.
Publicación: 03.Febrero.2015

San José y Tegucigalpa, 3 de febrero del 2015.- La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.

En la comparecencia del día lunes, Guillermo López Lone, una de  las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores, tras ocurrir el golpe de Estado en Honduras en el 2009.

A su vez, la Corte IDH recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, quien habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.

Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados y el Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declararon ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.

“La decisión que esta Corte adopte en este caso  sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y  derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.

Por su parte, el Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por AJD, CEJIL y los representantes de la CIDH.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que  “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecer uno a favor de la independencia judicial.“

“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos  convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.

Éste es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.

La decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.

¡TODOS TENEMOS DERECHO A JUECES Y JUEZAS INDEPENDIENTES!