40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una mirada a los actores, éxitos y retos
20.Julio.2018

En los últimos veintisiete años, desde mi calidad de abogada y luego directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, he tenido el privilegio de acompañar de cerca el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de centenares de personas que acudieron al sistema interamericano para enfrentar graves violaciones de derechos humanos.

Así, he podido experimentar parte del desarrollo de estándares protectores de los derechos humanos realizados por la Corte en sus 40 años de historia.  En cuatro vertiginosas décadas, el Tribunal Interamericano se ha convertido en referente mundial al definir el alcance del delito de desaparición forzada, en la lucha contra la impunidad de crímenes contra la humanidad, por sus desarrollos en materia de protección de los pueblos indígenas, la obligación de investigar en casos de violencia sexual y de género, su evolución para permitir el acceso directo de las víctimas, entre otros puntos.

Un ejemplo que ilustra los logros y el impacto de la Corte y del sistema en su conjunto sería todo lo avanzado en los casos relativos a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Gobierno de Fujimori en el Perú.

 El desarrollo por parte de la Corte de estándares jurídicos y de las medidas de reparación en un conjunto de casos, entre ellas las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, influyeron en el curso de la historia del país.  Las sentencias de Barrios Altos, La Cantuta y otros casos peruanos catalizaron una cascada de justicia al dejar sin efectos las leyes de amnistía, abonar a la extradición y posterior procesamiento de Alberto Fujimori y poner límites a la actuación de diversos órganos del Estado vinculados a la impunidad. Así, las decisiones no sólo tuvieron implicaciones en el Perú, sino también en la búsqueda de verdad y justicia en Argentina, Colombia, El Salvador, Brasil, en los desarrollos de la Corte Europea de Derechos Humanos y en otros órganos internacionales.

Es importante observar que esta jurisprudencia no nació en un vacío, sino que se construyó, en buena medida, a partir de un diálogo estrecho con momentos históricos, las víctimas y el movimiento de derechos humanos en el curso del proceso internacional.

Parte del éxito de la Corte tiene que ver con un trabajo contencioso que coincide en parte de la región con procesos de transición o consolidación de la democracia, tras las dictaduras y conflictos armados que plagaron la región en los 70s y 80s. Al finalizar estos procesos, parte de las sociedades se trazaron hojas de ruta con refuerzos a la protección de derechos para que las tragedias del pasado no se volvieran a repetir. Ello se tradujo incrementalmente en normas que reconocieron con rango constitucional a la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos, pero también en una serie de actores políticos y sociales comprometidos con la democracia, y la protección de los derechos fundamentales. Bajo ese contexto, numerosas personas vieron paulatinamente en el sistema un espacio valioso para reclamar los derechos protegidos en los textos constitucionales y convencionales; y contaron con aliados clave a la hora de rodear reconocer la legitimidad y autoridad de las decisiones de la Corte IDH.

Asimismo, el sistema interamericano abrió un espacio seguro y sin igual que permitió a las víctimas debatir de manera directa con sus Estados y cuestionar lo ocurrido a ellas mismas o sus familiares. En ese sentido, los procesos ante la Corte han tenido un efecto reparador y transformador en la vida de muchas personas, al brindar un espacio donde se sienten escuchadas. Por otra parte, la Corte emite decisiones que reconocen e intentan reparar las violaciones, convirtiéndose en estandartes de la defensa de derechos en los países de la región.

Sin embargo, pese a las luces y logros de la Corte IDH en estos 40 años, hay importantes deudas pendientes en la protección efectiva de los derechos de las víctimas.  

En primer lugar, muchas víctimas que acceden al sistema no tienen una respuesta oportuna a sus reclamos tanto por la demora procesal, como por la dilación en el cumplimiento de las decisiones que las benefician. A veces, la Corte interviene en situaciones que en promedio llevan más de 10 años ante la CIDH. Las demoras no son responsabilidad primordial de la Corte, pero lo cierto es que, con los recursos y la organización del trabajo actual, muchos reclamos justos quedarán sin respuesta.

En segundo lugar, es clave que la Corte aborde el impacto y cumplimiento diferenciado de sus decisiones en diversos países. En nuestra experiencia la efectividad del Tribunal en Perú en los últimos 18 años no es similar a la de Venezuela o República Dominicana en el mismo período.

En tercer lugar, la Corte debe considerar el contexto regional y global en el que opera, para mantener una mirada aguda sobre las realidades más apremiantes del hemisferio.

Por último, para fortalecer la legitimidad del sistema, se deben perfeccionar los mecanismos de selección de los integrantes de la Corte para reflejar las condiciones de mérito, experticia, diversidad racial y étnica y el balance de género. Por décadas, hemos tenido una corte de derechos humanos sin representación de mujeres, y sin contar hasta hoy con un miembro de un pueblo indígena, y en los últimos años, la experticia en derecho internacional o de derechos humanos no ha sido un factor fundamental para la selección a nivel nacional. Los Estados aquí tienen una deuda pendiente que es urgente abordar.

Este mes celebramos una Corte que sigue marcando un camino necesario y valioso. Pero requiere mayor inserción social e institucional que permita garantizar un accionar sobre las medidas que plantee y las necesidades que el propio Tribunal requira para poder realizar su importante labor.  Así como los logros comprenden un universo de actores, el futuro de nuestro sistema regional depende también de todas y todos.