20 años de incumplimiento de las medidas cautelares en el caso de Jineth Bedoya
Las representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Publicación: 22.Diciembre.2020

Bogotá, 22 de diciembre de 2020- El pasado 17 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación no asistió a la reunión convocada por la Cancillería para realizar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Jineth Bedoya Lima. La Fiscalía debía informar sobre los avances en las investigaciones penales por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000 que atentaron contra la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista. 

La entidad justificó su inasistencia en la presunta existencia de compromisos previos, lo cual resulta inadmisible pues la reunión había sido programada con más de un mes de anterioridad. Pareciera que atender las obligaciones internacionales del caso está en el segundo orden de prioridad para la entidad.

Es muy grave que, ni siquiera de cara a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano haya adoptado medidas serias y eficaces para proteger la vida y la integridad de Jineth Bedoya; y para investigar, juzgar y sancionar los hechos de los que fue víctima.

En la última reunión de seguimiento de medidas cautelares que se adelantó en junio de este año, Bedoya Lima reiteró su inconformidad sobre la falta de interés de la entidad de avanzar en su caso y recalcó su desazón frente a su inacción permanente. En esa oportunidad, se destacó la urgencia de que la entidad se pusiera al día con el recaudo de elementos de prueba —que han sido ordenados hace más de un año— y la actuación procesal de las noticias criminales en las que se registra a la beneficiaria como víctima. 

De igual manera, advertimos que la Fiscalía no ha avanzado en la investigación contra los determinadores de los crímenes de los que fue víctima la periodista. El letargo crónico de sus investigaciones contrastan con la multiplicidad de hostigamientos que ha recibido Bedoya en el último año, sin que la entidad cumpla con su función de investigar estos delitos y encauce nuevas investigaciones. 

Por lo anterior, alertamos que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la periodista y cumplir las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la incapacidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos de los que ha sido víctima la periodista es un grave indicio de impunidad, con lo cual se envía un mensaje nefasto en un país con altísimos índices de violencia contra periodistas.  

La falta de debida investigación y sanción de crímenes contra periodistas es una constante desafortunada en Colombia que origina sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado, y genera un mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión y de prensa. La falta sistemática de respuesta institucional frente a los crímenes contra la prensa es un potenciador de autocensura que debe ser corregido estructuralmente.