19 de julio: nada que celebrar
19.Julio.2018

El 19 de julio de 1979 Nicaragua escribió una página trascendental para su historia, que rápidamente atravesó la realidad de toda la región americana. Ese día, la resistencia revolucionaria contra la feroz dictadura de Anastasio Somoza, lograba poner fin a décadas de autoritarismo político, represión, restricción de libertades y sistemáticas violaciones de derechos humanos. El 19 de julio se erigió entonces como un símbolo de dignidad, justicia y lucha por los derechos de un pueblo que no quería vivir más tiempo bajo la opresión. Hoy, 39 años después, Nicaragua llora y se estremece ante las graves violaciones de derechos humanos producto de la barbarie y la represión de las fuerzas policiales y los grupos de choque afines al gobierno. Hoy, los ideales de justicia y dignidad, al igual que hace casi cuatro décadas, siguen siendo defendidas por los y las nicaragüenses frente a un gobierno que hace tiempo se alejó de ellos. 

El pasado 18 de abril, se iniciaron en Nicaragua protestas pacíficas contra la aprobación de una reforma a la seguridad social, que fueron duramente reprimidas. A pesar de que el gobierno derogó la reforma, las protestas continuaron y se extendieron los reclamos vinculados al deterioro de la democracia. Cabe recordar que, desde el año 2000 se pusieron en marcha reformas para consolidar la concentración de poder en el partido de gobierno, lo que ha ocasionado que no existan instituciones independientes capaces de garantizar de manera plena los derechos humanos de la población. La violencia y represión ha venido en aumento desde entonces, y en este momento Nicaragua enfrenta una crisis política y de derechos humanos que ha dejado más de 300 personas fallecidas y alrededor de 1500 personas heridas, la inmensa mayoría a manos de policías y grupos parapoliciales afines al gobierno.

Cabe destacar el contexto de agresiones, amenazas y criminalización en el que desarrollan su labor personas defensoras de derechos humanos y movimientos campesinos. Este es el caso de Medardo Mairena, líder campesino y miembro de la Alianza Cívica, que fue detenido el pasado 13 de julio acusado de delitos de terrorismo y el asesinato de cuatro policías. Ayer 18 de julio fue detenida la lideresa Irlanda Jérez, luego de finalizar una conferencia de prensa en la que participó. Situaciones como esta demuestran la estrategia gubernamental orientada a limitar la labor de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y organizaciones civiles, que exponen su vida e integridad personal en la defensa de la democracia y los derechos humanos. 

Esta grave situación ha sido documentada y expuesta en distintas ocasiones por órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. La ardua labor de estos organismos, comprueba que hay un contexto de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y de acceso a salud, así como patrones de uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. Más recientemente son evidentes las desapariciones forzadas en perjuicio de líderes y lideresas sociales. Estos hechos han generado el rechazo de la comunidad internacional en distintos espacios multilaterales como la Organización de Estados Americanos, que ayer 18 de julio emitió una resolución  que condena los actos de violencia y represión contra el pueblo de Nicaragua por parte de la policía y grupos parapoliciales y exhorta al Estado a identificar a los responsables y desmantelar estos grupos.

El gobierno de Nicaragua, a pesar de la llegada de mecanismos internacionales de  derechos humanos, como el Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua (MESENI) o la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para acompañar las investigaciones sobre los hechos de violencia, ha desarrollado una estrategia orientada a sembrar el terror entre la población, con el objetivo de acabar con las protestas sociales legítimas. Pese a los esfuerzos del gobierno por ocultar la realidad y generar una visión distorsionada de las graves violaciones a derechos humanos, son muchas organizaciones y colectivos nacionales e internacionales que han levantado su voz para denunciar lo que está sucediendo.  

El Estado de Nicaragua, con base en sus obligaciones internacionales tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir las graves violaciones de derechos humanos e identificar, juzgar y sancionar a sus responsables. No nos cabe duda que las violaciones y abusos a la población, por parte de funcionarios gubernamentales, sectores políticos afines y grupos de choque, deberán enfrentar procesos de justicia, verdad y reparación como ha ocurrido en otros casos en la región. Así, por ejemplo, en Guatemala, Argentina y Perú se logró procesar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en contextos de dictadura, es nuestra firme convicción que en el caso de Nicaragua la impunidad no ganará y tarde o temprano la justicia para víctimas y familiares será una realidad.

En este 19 de julio, en el que no hay nada que celebrar, expresamos nuestra compañía cercana y nuestro aliento a las víctimas y familiares en su búsqueda de justicia, y expresamos nuestra admiración y firme compromiso con las personas y organizaciones que luchan por lograr una Nicaragua democrática, libre de violencia y garante de los derechos humanos sin discriminación alguna.

Marcía Aguiluz Soto, 
Directora del Programa para Centroamérica y México, CEJIL

José Ignacio Gómez García
Oficial de Incidencia, CEJIL

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