CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL fue fundado en 1991 por destacados defensores de derechos humanos del continente con el propósito de asegurar un mayor acceso al Sistema Interamericano para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Los mecanismos de protección internacional ofrecen un recurso indispensable en la búsqueda de justicia por abusos cometidos en una región donde la impunidad prevalece.

CEJIL fue la primera organización regional en ofrecer un servicio jurídico gratuito, especializado en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El programa de defensa de CEJIL, único por su alcance y diversidad, procura asegurar el esclarecimiento de los hechos violatorios, la aplicación de sanciones legales a los responsables de violaciones, la reparación de daños a las víctimas, y la prevención de violaciones futuras. Basado en su experiencia, CEJIL también realiza una importante labor de educación y difusión para facilitar el conocimiento y uso de herramientas del derecho internacional de los derechos humanos a nivel local. De igual manera, CEJIL ha jugado un papel clave en el fortalecimiento de los mecanismos de protección del sistema, impulsando la formación de una red de organizaciones de toda la región para adelantar propuestas comunes en la materia.

CEJIL realiza su labor gracias a una eficaz coordinación de esfuerzos con las víctimas de violaciones y sus familiares y, especialmente, con organizaciones locales de derechos humanos. Asimismo, presta una creciente colaboración con universidades, movimientos populares, asociaciones gremiales e instituciones públicas.